El exalcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), condenado a cuatro años y medio de cárcel por cohecho y fraude en la trama Cofely

La Audiencia Nacional también condena a dos exconcejales del municipio: Alberto Sánchez Caballero y Francisco Pintado, ambos a penas de inhabilitación para empleo o cargo público. La sentencia retrata una «organización criminal con vocación de permanencia»

Denis Doyle (Getty Images)

Collado Villalba

La justicia ha puesto nombre y apellidos a los responsables políticos de Collado Villalba que se beneficiaron del sistema de corrupción montado por la empresa Cofely para adjudicarse contratos municipales. La Audiencia Nacional ha condenado al exalcalde popular Agustín Juárez López de Coca a cuatro años y seis meses de prisión por delitos de fraude y cohecho. La pena de cárcel se acompaña de una inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración local durante cinco años, así como de multa y de la pérdida del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Junto a él, los exconcejales Francisco Pintado López y Alberto Sánchez Caballero afrontan también condenas, ambos por prevaricación, limitadas a penas de inhabilitación, sin ingreso en prisión.

La resolución judicial, a la que ha podido acceder la Cadena SER, describe con precisión el modus operandi de la trama. Los directivos y comerciales de Cofely, en connivencia con una red de «conseguidores», actuaron entre 2012 y 2014 como «una organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia». Su objetivo era infiltrarse en los ayuntamientos para «ofrecer o aceptar acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban» los contratos de eficiencia energética.

Para el exalcalde Agustín Juárez, el tribunal considera probado que cometió un delito de fraude a la Administración, un delito de prevaricación y un delito continuado de cohecho, imponiéndole una pena conjunta de cuatro años y seis meses de prisión, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración local.

Los exconcejales Alberto Sánchez Caballero y Francisco Pintado López han sido condenados como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación, con penas de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público en la administración local. Ambos han resultado absueltos del resto de delitos por los que venían siendo acusados.

Réplicas políticas tras la sentencia

La condena ha reabierto el debate político sobre esta pieza de la trama Púnica en el municipio. El Ayuntamiento de Collado Villalba, que sigue gobernado por el Partido Popular, salió al paso con un comunicado en el que se autodefinen como aliados de la justicia. «Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Collado Villalba se personó como acusación particular en 2014, en un acuerdo aprobado por unanimidad de la Corporación municipal, con el objetivo de defender los intereses de los vecinos», señala el texto.

El Consistorio añade que «la sentencia deja claro que las responsabilidades son personales» y que «han sido más de diez años muy duros para Collado Villalba, una etapa larga y compleja que ha supuesto un profundo desgaste para la vida institucional del municipio».

Desde la oposición, el PSOE local lanzó un contundente comunicado para exigir explicaciones a la alcaldesa, Mariola Vargas, quien fue primera teniente de alcalde con Agustín Juárez. «La Audiencia Nacional no deja lugar a dudas y pone nombre y apellidos al mayor caso de corrupción que ha afectado a la ciudad: Partido Popular de Collado Villalba», afirmaron los socialistas. El PSOE también pidió la retirada de «cualquier título, placa o recuerdo» del exalcalde condenado y concluyó: «Después de que los tribunales hayan juzgado al Partido Popular de Collado Villalba, es el momento de que también las urnas les juzguen en las próximas elecciones municipales de 2027».

La sentencia se enmarca en la investigación de la trama Púnica y condena a un total de 37 personas, además de a la empresa mercantil implicada. El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento para todos los acusados.

Adrián Carrillo

Collado Villalba, 1993. Director de informativos...