La Fiscalía denuncia a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Majadahonda por la posible filtración de unas oposiciones

Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado ante un juzgado a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el Partido Popular, así como a las dos únicas personas que aprobaron la oposición convocada para cubrir dos plazas de técnico arquitecto municipal. El Ministerio Público aprecia indicios de delito tras las denuncias presentadas por el resto de aspirantes, que alertaron de una posible filtración del examen y de graves irregularidades en el proceso selectivo.

Según el escrito al que ha tenido acceso la SER en Madrid, la Fiscalía señala que el procedimiento “no fue del todo ortodoxo”. El informe pone el foco en la elaboración y custodia de las preguntas del examen, que habrían sido redactadas casi en su totalidad por el presidente del tribunal, dos meses antes incluso de ser nombrado para ese cargo. Además, tras la suspensión previa de una convocatoria, no queda clara la cadena de custodia de las pruebas.

El examen se celebró finalmente el pasado 7 de mayo y a él se presentaron cerca de cien aspirantes. Las calificaciones se publicaron el viernes 16 y llamaron de inmediato la atención: solo aprobaron dos personas —para dos plazas ofertadas— con notas superiores al 9, mientras que el resto de candidatos no superó el 4,5 y la media general se situó en torno al 2,3. Una diferencia que los opositores califican de “anómala” en este tipo de pruebas.

“Posiblemente sea el examen más raro que hayamos hecho muchos de nosotros”, explicó entonces a la SER Daniel Sanz, uno de los aspirantes. La persona que sacó la nota más alta en aquel entonces, un 9,6, era arquitecta municipal interina en el Ayuntamiento en el momento de la prueba.

Los opositores también denunciaron que las hojas con los datos personales no estaban vinculadas a las hojas de respuestas, lo que, a su juicio, vulnera las garantías del proceso. “No hay seguridad jurídica de que mi hoja de marcas sea mía”, aseguran. Más de 50 aspirantes solicitaron formalmente la impugnación del examen.

La Fiscalía apunta ahora a un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, tanto por parte del presidente y varios miembros del tribunal, como de las dos opositoras que podrían haber recibido con antelación las respuestas.

Fuentes municipales desligan al equipo de gobierno del conflicto y aseguran que colaborarán con la justicia. Insisten en que ningún político ha tenido nada que ver en el proceso selectivo, salvo para sacar a concurso las dos plazas.