¿Por qué Ayuso se niega a crear un registro de objetores al aborto y qué implica para las madrileñas?

Madrid

La ley estatal del aborto obliga a las Comunidades Autónomas a crear un registro de médicos objetores que se nieguen a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, el Gobierno madrileño se ha negado a elaborar ese listado apelando a la "libertad" de los profesionales sanitarios. Hace unas semanas, la presidenta Ayuso definía la ley como "sectaria" y "dictatorial" y defendía el derecho a la objeción de conciencia de los médicos".

Uno de los argumentos que utiliza la Consejería de Sanidad madrileña para negarse a acatar la ley es que, según ellos, el registro de médicos objetores supondría un "estigma" para ellos. La realidad es que ese registro es un documento anónimo. Su función es la de permitir que los hospitales públicos organicen su actividad asistencial, de tal forma, que el derecho de cualquier mujer a abortar este garantizado. En la Comunidad de Madrid, menos de un 1% de los abortos se realizan en la sanidad pública.

Un comité cuestionado

El comité clínico de Madrid, que evalúa la interrupción voluntaria de embarazos por problemas graves en el feto más allá de la semana 22, denegó en 2025 uno de cada tres casos que llegaron para ser objeto de análisis. Todos sus miembros son hombres y, aunque la ley establece que no pueden ser objetores al aborto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a crear el registro de objetores que exige la normativa.

Esto, según el PSOE, abre la puerta a dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones. “Estos miembros, que por cierto son tres hombres, no pueden formar parte del registro de objetores ni en el momento en el que son miembros del comité clínico, ni en años anteriores”, denuncia la diputada socialista Lorena Morales. “Como en Madrid la señora Ayuso se niega a que tengamos registro de objetores, no sabemos si estos señores están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Denuncia de Sanidad

El Ministerio de Sanidad ha denunciado a la Comunidad de Madrid. Según el documento al que ha tenido acceso la SER, el Gobierno central pide a Ayuso que cree este registro y no utilice a los profesionales como excusa. En la denuncia, el departamento de Mónica García pide que mientras se dicte sentencia, como medida cautelar, se obligue a la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha de ese registro.