El 20% de los pisos del Plan Vive de Ayuso en la capital siguen vacíos

Madrid

A 9 de enero de 2025, 242 viviendas del Plan VIVE siguen vacías, de un total de 5.175 terminadas, según la información obtenida por la Cadena SER a través de una petición de información en aplicación de la Ley de Transparencia. En el caso de la capital, con solo dos promociones –ambas en Valdebebas-, el número de pisos vacantes es llamativo: casi uno de cada cinco sigue sin adjudicatario, a pesar de que llevan más de un año en proceso de comercialización. De las 773 viviendas construidas en ese barrio a 9 de enero, 139 siguen sin inquilino.

La presidenta regional se presentó a sus primeras elecciones en 2019 prometiendo veinticinco mil viviendas de alquiler asequible en ocho años bajo el paraguas del Plan VIVE. Siete años después, se han completado poco más de cinco mil y Ayuso ha rebajado su compromiso a catorce mil pisos para 2027. Por el camino, su programa acumula críticas por desperfectos o precios finales próximos a los del mercado libre.

La consecuencia es que el Plan VIVE comienza 2026 con un número de renuncias no desdeñable: 1.170 madrileños a los que se les adjudicó un inmueble de este programa renunciaron a él o no llegaron a formalizar el contrato, una vez conocidas las condiciones finales, según la documentación de la Consejería. A pesar de eso, el programa despierta –o despertó- mucho interés. En total, las empresas que gestionan el programa tienen 146.863 peticiones en lista de espera, aunque la propia Comunidad de Madrid advierte en su escrito que desconoce “si en este momento pudiera haber decaído su interés” o si cumplen los requisitos.

Precisamente, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha comenzado a trabajar discretamente en una reforma del Plan VIVE para “agilizar el procedimiento de adjudicación”, de acuerdo con el proyecto de decreto que el Gobierno regional ha publicado en su Portal de Transparencia.

Entre otras cosas, permitirá acceder a un piso sin necesidad de presentar los datos fiscales para acreditar que se cumplen los requisitos de ingresos. Bastará con alegar que han sufrido una variación significativa. La Consejería de Vivienda asegura que está pensado para cambios recientes en la situación laboral de los solicitantes y que conlleva el compromiso de aportar la documentación fiscal cuando sea requerida, aunque el borrador del decreto no dice nada sobre esto último.

Además, se exigirán más años de empadronamiento en la localidad o en la región para tener preferencia; y las viviendas adaptadas ya no estarán reservadas exclusivamente a personas con discapacidad. Si en un mes no se adjudican, podrá optar a ellas cualquier ciudadano.