Cambios en el Plan Vive de Ayuso: exigirán más años de empadronamiento y se podrá acceder a un piso alegando una "variación significativa" de ingresos

Madrid

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha comenzado a trabajar discretamente en una reforma del Plan VIVE, el programa de colaboración público-privada que permite a las empresas interesadas levantar pisos de alquiler sobre terrenos públicos, bajo la fórmula de concesión. El objetivo de esas modificaciones es ampliar la tipología de parcelas que se pueden adherir al plan y “agilizar el procedimiento de adjudicación”, de acuerdo con el proyecto de decreto que el Gobierno regional ha publicado en su Portal de Transparencia.

Lo cierto es que los cambios van más allá y afectan también a los requisitos para acceder a las viviendas. El principal filtro son los ingresos familiares, que se deben situar en una horquilla determinada. El objetivo es garantizar que el beneficiario tenga recursos suficientes para hacer frente al alquiler, pero evitando que las rentas más altas puedan beneficiarse de un programa que se anunció como “de alquiler asequible”.

Actualmente, quien quiera acceder a uno de estos pisos, debe acreditar que cumple el requisito de ingresos con “los datos fiscales más recientes disponibles”, aunque “excepcionalmente y ante la no disposición de datos fiscales recientes”, la normativa prevé la posibilidad de justificarlo mediante una declaración responsable del interesado. El borrador ahora publicado, en cambio, extiende esta fórmula al supuesto de que dichos datos “hayan sufrido una variación significativa”. Es decir, bastará con alegar que la información fiscal reciente no refleja la realidad de ingresos del hogar para poder optar a un inmueble del Plan VIVE.

Una portavoz de la Consejería asegura que “se trata de adaptar la normativa a cambios recientes en la situación laboral de los solicitantes”. En todo caso, dicen en el departamento que dirige Jorge Rodrigo, “conlleva el compromiso de aportar la documentación fiscal cuando sea requerida”. El borrador en trámite no especifica cuándo se debería facilitar esa información a las empresas.

A 9 de enero de 2025, 242 viviendas del Plan VIVE siguen vacías, de un total de 5.175 terminadas, según la información obtenida por la Cadena SER en aplicación de la Ley de Transparencia. En el caso de la capital, con solo dos promociones –ambas en Valdebebas-, el número de pisos vacantes es llamativo: casi uno de cada cinco sigue sin adjudicatario, a pesar de que llevan más de un año en proceso de comercialización. De las 773 viviendas construidas en ese barrio, 139 siguen sin inquilino.

Endurece el requisito de empadronamiento

El borrador del nuevo decreto, en cambio, es más exigente a la hora de acceder a una vivienda alegando arraigo personal o profesional en la localidad donde se sitúa la promoción. Ahora, tienen preferencia aquellos solicitantes que lleven al menos tres años empadronados en el municipio o que puedan demostrar que llevan ese tiempo trabajando en él; con la reforma, esa exigencia se eleva a cinco años.

En caso de que no se pueda cubrir toda la promoción con personas vinculadas a la localidad, la normativa actual contempla que puedan acceder a ella -en segundo turno preferente- los solicitantes que acrediten un mínimo de 5 años de residencia en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid. Cuando la reforma se apruebe, ese requisito se eleva a diez años. Se busca -dicen en el equipo del consejero Rodrigo- “priorizar a los vecinos con mayor antigüedad de residencia en el municipio y en la Comunidad de Madrid”. En cualquier caso, el interesado siempre debe acreditar estos extremos.

Viviendas adaptadas

Otro cambio relevante que introduce la reforma afecta a las viviendas reservadas a personas con discapacidad – un 4%-. Hoy en día, estos pisos solo se pueden entregar a este colectivo ya que “por sus especiales características únicamente podrán ser ocupadas por personas con dicha necesidad”, dice el decreto que regula la adjudicación. Aparentemente, el Gobierno regional ha cambiado de opinión porque ese entrecomillado ha sido eliminado en el borrador que está tramitando.

Cuando se apruebe, estas viviendas adaptadas podrán destinarse a la población general, en caso de que las solicitudes no cubran el total de cupo disponible y esos pisos permanezcan vacantes “durante un plazo superior a un mes”. Se hace “conforme a la normativa estatal”, apuntan en Vivienda, donde aseguran que están abiertos “a recoger las aportaciones de las entidades que representan a las personas con discapacidad”. Según los mencionados datos en poder de esta redacción, el Plan VIVE ha comenzado 2026 con 64 viviendas reservadas a población con discapacidad vacantes.

Además, el Gobierno regional planea, entre otras cuestiones, acortar con carácter general los plazos -”excesivamente largos”, añaden en la Comunidad de Madrid- para que el ciudadano acredite que cumple los requisitos; subsane posibles errores; o para la adjudicación de las viviendas.

Sin publicidad

El Consejo de Gobierno del pasado miércoles acordó someter estos cambios a los trámites de audiencia e información pública, aunque el portavoz del Ejecutivo de Ayuso no lo mencionó en la rueda de prensa posterior. En lugar de eso, Miguel Ángel García dedicó los primeros cuatro minutos de su intervención a criticar al presidente del Gobierno por el nuevo modelo de financiación autonómica; el formato del acto inaugural del inicio de las obras de la Operación Campamento; o la reforma del derecho de rectificación, aprobada en Consejo de Ministros. Ni una palabra para los cambios en el que -se supone- es uno de los programas estrella de la etapa Ayuso.

La presidenta regional se presentó a sus primeras elecciones en 2019 prometiendo veinticinco mil viviendas de alquiler asequible en ocho años bajo el paraguas del Plan VIVE. Siete años después, se han completado poco más de cinco mil y Ayuso ha rebajado su compromiso a catorce mil pisos para 2027. Por el camino, su programa acumula críticas por desperfectos o precios finales próximos a los del mercado libre.

La consecuencia es que el Plan VIVE comienza 2026 con un número de renuncias no desdeñable: 1.170 madrileños a los que se les adjudicó un inmueble de este programa renunciaron a él o no llegaron a formalizar el contrato, una vez conocidas las condiciones finales, según la documentación de la propia Consejería. A pesar de eso, el programa despierta –o despertó- mucho interés. En total, las empresas que gestionan el programa tienen 146.863 peticiones en lista de espera, aunque la propia Comunidad de Madrid advierte en su escrito que desconoce “si en este momento pudiera haber decaído su interés” o si cumplen los requisitos.