Los exalcaldes de Móstoles, Esteban Parro(PP) y Daniel Ortiz (PP), en el banquillo en el nuevo juicio del caso Púnica
La Audiencia Nacional inicia el juicio por la presunta trama de amaños en contratos de fiestas
Daniel Ortiz y Esteban Parro en un acto en el Ayuntamiento de Móstoles (foto de archivo) / Punto Omega
Móstoles
La Audiencia Nacional sienta desde este lunes en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados en el que será su segundo juicio por el caso Púnica, más de once años después de su arresto en octubre de 2014 por presunta corrupción. Entre los acusados figuran también dos exalcaldes de Móstoles del PP, Esteban Parro y Daniel Ortiz.
El juicio, que se prolongará hasta el próximo mes de marzo, se centra en la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos en municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013.
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Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y dirigente destacado del PP madrileño, afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación. Esta pena se eleva hasta 38 años de prisión por parte de la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).
Exalcaldes de Móstoles, entre los acusados
Además de Granados, están acusadas otras trece personas, entre ellas varios exalcaldes de municipios madrileños. En el caso de Móstoles, se sientan en el banquillo Esteban Parro (PP), también exsenador, y Daniel Ortiz (PP).
Junto a ellos, figuran como acusados:
- José Miguel Moreno y José Carlos Boza, exalcaldes de Valdemoro
- María Ángeles Herrera, exalcaldesa de Ciempozuelos
- Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio
- David Erguido, exsenador y exdiputado autonómico, por su etapa como teniente de alcalde de Algete
En el caso de Ortiz y Estrada, ambos fueron condenados recientemente en otra rama del caso Púnica.
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Para estos exregidores, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre dos y cuatro años de prisión, salvo en el caso de Daniel Ortiz, para quien pide ocho años de inhabilitación.
Contratos bajo sospecha
El tribunal juzgará ahora si en estos ayuntamientos existió un acuerdo previo para defraudar las arcas municipales mediante adjudicaciones presuntamente amañadas y sobredimensionadas a la empresa Waiter Music, propiedad de José Luis Huertas, fallecido en 2020.
Según el auto judicial, se inflaban los precios más allá del beneficio industrial lógico y los expedientes se diseñaban para favorecer a esta empresa.
En el caso de Móstoles, los contratos investigados ascienden a 262.000 euros. Otras cantidades relevantes son:
- Valdemoro: 773.186,88 euros
- San Martín de la Vega: 135.349,96 euros
- Torrejón de Velasco: 100.172,96 euros
- Moraleja de Enmedio: 104.565,12 euros
Regalos, favores y contraprestaciones
La Fiscalía sostiene que existía una relación de amistad entre Granados y Huertas, que se traducía en contraprestaciones como servicios gratuitos, favores personales y regalos. Entre ellos, un reloj y una pluma Montblanc valorados en unos 1.000 euros.
El empresario también habría sufragado gastos de fiestas privadas del exconsejero y prestado servicios no facturados para actos del PP.