Piden ocho años de inhabilitación por prevaricación para el exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna
Tanto el exalcalde como la exconcejala de urbanismo, Susana Villareal, serán juzgados mañana miércoles acusados de prevaricación y uso indebido de contratos menores.
Moralzarzal
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este miércoles 21 de enero al exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna y a la exconcejala de Urbanismo, Susana Villareal. El motivo de este juicio es un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía solicita para los dos acusados una pena de ocho años de inhabilitación por el supuesto abuso del contratos menores para favorecer adjudicaciones directas.
El Ministerio Público sostiene que, durante los años 2016 y 2017, más del 50% de las contrataciones del Ayuntamiento se tramitaron como contratos menores. Tanto le exalcalde como la exconcejala habrían usado este tipo de contratos porque no exigen procedimiento público de licitación. Según la Fiscalía, esta metodología permitió "eludir de forma intencionada la normativa vigente en materia de contratación administrativa". Además, la acusación sostiene que se recurrió sistemáticamente al fraccionamiento de facturas porque numerosos contratos superaron los límites económicos permitidos y, realizando este fraccionamiento, se aparentaba que no se rebasaban los umbrales legales, fijados entonces en 18.000 euros. Este habría sido el sistema utilizado para omitir los trámites de aprobación del gasto y permitir prórrogas tácitas prohibidas por la ley en este tipo de contratos.
El ministerio Público subraya que, a pesar de las advertencias del interventor municipal, los acusados continuaron esta práctica, incluso cuando el interventor emitió reparos de legalidad al considerar que muchos de los servicios contratados respondían a necesidades periódicas y permanentes que exigían procedimientos ordinarios. En varios casos, esos reparos fueron levantados por la Alcaldía para continuar con la tramitación y el pago de las facturas.
Entre los contratos señalados figuran adjudicaciones de mantenimiento de edificios públicos por importes superiores a 45.000 euros en 2016, servicios de mantenimiento de zonas ajardinadas concedidos de forma fraccionada a empresas como Morajardín S. L. y Urbaser S. A., suministros de material de ferretería para la piscina municipal que superaron los 22.700 euros, así como campañas de publicidad y alquiler de equipos de sonido que, según la Fiscalía, debieron licitarse mediante procedimientos abiertos.
La acusación atribuye la autoría del delito al exalcalde y la exconcejala, a quien considera una cooperadora necesaria, al entender que sus firmas y propuestas de gasto fueron imprescindibles para ejecutar el presunto fraccionamiento. El juicio deberá determinar ahora si la gestión municipal fue consecuencia de irregularidades administrativas o, como sostiene la Fiscalía, una actuación deliberada y continuada para sortear la ley.
