Una exfuncionaria del Ayuntamiento de Valdemoro asegura que se destruyeron documentos por orden de Granados

Madrid

Una exarchivera del Ayuntamiento de Valdemoro ha testificado en el juicio del caso Púnica de corrupción relacionada con el PP que en 2014, al día siguiente del registro del consistorio, entraron en el archivo y destruyeron documentos por orden de Carmen A., exsecretaria del exconsejero madrileño Francisco Granados.

La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio a Francisco Granados y otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de las fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo del primero.

Este jueves ha declarado como testigo María Jesús L.P., que entonces era archivera municipal, que ha manifestado que tuvo conocimiento que el 28 de octubre de 2014, al día siguiente de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraran el Ayuntamiento, entraron en su ausencia en el archivo personas que trituraron unos documentos en una máquina destructora de papel.

"Entraron mandados por una persona del Ayuntamiento, Carmen A., que entonces estaba como asesora de alcaldía", ha concretado la testigo.

Carmen A. había sido secretaria de Granados en sus etapas de alcalde de Valdemoro y de consejero de la Comunidad de Madrid y cuando este fue cesado de este último cargo ella volvió a trabajar en el consistorio.

María Jesús L.P. ha relatado que "entraron en el archivo y estuvieron destruyendo documentos" y ha aclarado que desconoce cuáles eran ya que no formaban parte de los depositados en el mismo sino que los llevaron allí para triturarlos con la destructora de papel que se encontraba en estas dependencias municipales aprovechando que ella no estaba allí.

Y ha recordado que tras tener conocimiento de este hecho emitió el día 29 de octubre un certificado para ponerlo en conocimiento del ayuntamiento, cuyo alcalde era entones el también acusado José Carlos Boza.

La fiscal ha preguntado a la testigo si a pesar de que Francisco Granados ya no era alcalde seguía teniendo en el periodo 2007-2014 influencia o poder en el ayuntamiento, a lo que María Jesús L.P. se ha limitado a contestar que lo ignora.Y a preguntas del abogado de Granados ha asegurado que este nunca le dio instrucción alguna para favorecer cualquier tipo de gestión en favor de José Luis Huerta o de su empresa Waiter Music o para que destruyera documentos.

La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito de acusación que la "posición" de Granados dentro del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid -llegó a ser número dos de la entonces presidenta autonómica, Esperanza Aguirre- le permitía tener una "prevalencia y superioridad bien directa o bien por influencias en otras autoridades y funcionarios".

En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.

Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino.

Además de Granados, Moreno y Godino en el banquillo se sientan otros once acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y otros exalcaldes de municipios madrileños.

En concreto el sucesor de Moreno, José Carlos Boza, que fue alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014 (recientemente absuelto en otra pieza de Púnica) y los regidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada.

Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.La Fiscalía pide para ellos entre dos y cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien solicita inhabilitación de ocho años.