El alto cargo que firmó los “protocolos de la vergüenza” apunta al Gobierno de Ayuso

Madrid

Carlos Mur ha declarado como imputado por primera vez ante un juez. Es el exalto cargo del Gobierno madrileño que firmó los llamados “protocolos de la vergüenza”, las instrucciones dictadas desde la Consejería de Sanidad madrileña que prohibieron el traslado al hospital de los mayores de las residencias durante las primeras semanas de la pandemia. Es la quinta vez que estaba citado a declarar, pero la primera vez que explica su versión de los hechos ante el juez que investiga la muerte de una persona en una residencia.

En su declaración, Carlos Mur ha asegurado que él no redactó los protocolos, aunque fue el alto cargo del Gobierno madrileño que los firmó. Señala como responsable de su redacción a Francisco Javier Martínez Peromingo, que fue quien le sustituyó al frente de la Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Mur ha asegurado ante el juez que envió los documentos a Ana Dávila, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad, ascendida después por Ayuso a consejera de Asuntos Sociales, cargo que ocupa actualmente. Es la primera vez que, en sede judicial, se señala directamente a un miembro del Gobierno madrileño.

Residencias sin medicalizar

Mur ha defendido los protocolos que prohibían la derivación de los mayores al hospital porque, según su testimonio, el objetivo era medicalizar las residencias. Ha reconocido que nunca se llegó a hacer.

La abogada de las familias, Alejandra Jacinto, asegura que las explicaciones que ha dado Carlos Mur son insuficientes porque solo ha respondido a las preguntas de su defensa y no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Martínez Peromingo que, en su declaración como investigado en diciembre, le culpó del carácter discriminatorio de esos protocolos.