El futuro de la investigación sobre las muertes en las residencias de Madrid tras la declaración de Carlos Mur

Madrid

Carlos Mur ha declarado como imputado por primera vez ante un juez. Es el exalto cargo del Gobierno madrileño que firmó los llamados “protocolos de la vergüenza”, las instrucciones dictadas desde la Consejería de Sanidad madrileña que prohibieron el traslado al hospital de los mayores de las residencias durante las primeras semanas de la pandemia.

Es la quinta vez que estaba citado a declarar, pero la primera vez que explica su versión de los hechos ante el juez que investiga la muerte de una persona en una residencia.

En su declaración, Carlos Mur ha asegurado que él no redactó los protocolos, aunque fue quien los firmó. Señala como responsable de su redacción a Francisco Javier Martínez Peromingo, su sustituto al frente de la Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid.

Mur ha asegurado ante el juez que envió los documentos a Ana Dávila, entonces viceconsejera de Sanidad de la Comunidad, ascendida después por Ayuso a consejera de Asuntos Sociales, cargo que ocupa actualmente. Es la primera vez que, en sede judicial, se señala directamente a un miembro del Gobierno madrileño.

Los próximos pasos

La abogada de las familias de las víctimas, Alejandra Jacinto, ha confirmado en La Ventana de Madrid que no descarta pedir la declaración de Ana Dávila. La letrada considera que se trata de un señalamiento “inédito” porque confirma que en el Gobierno de Ayuso estaban “al tanto de todo”.

Jacinto lamenta que Mur y Martínez Peromingo se dediquen a echarse las culpas el uno al otro, aunque subraya que es importante que ambos coincidan al asegurar que las residencias no se medicalizaron.