Actos del PP se pagaron con cargo a las fiestas de Móstoles, según la Guardia Civil en el juicio del 'Caso Púnica'
Un agente de la Guardia Civil declara que eventos políticos se pagaron a través de contratos amañados de las fiestas locales
Esteban Parro y Daniel Ortiz, exalcaldes del PP de Móstoles
Móstoles
Móstoles vuelve a aparecer en el foco judicial del caso Púnica. La Guardia Civil ha señalado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional que el Ayuntamiento mostoleño, gobernado entonces por el Partido Popular, habría pagado con dinero público actos de partido encubriéndolos en los contratos de las fiestas municipales.
Según declaró este martes un agente encargado de la investigación, la empresa Waiter Music, propiedad de José Luis Huerta —fallecido y considerado pieza clave de la trama—, cargó a las fiestas de mayo de 2011 de Móstoles servicios de sonido correspondientes a un desayuno informativo celebrado un mes antes. A ese acto acudieron, entre otros, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su sucesor Ignacio González, junto a otros altos cargos del PP madrileño.
El investigador explicó que Huerta sabía con antelación que su empresa iba a ser adjudicataria de las fiestas mostoleñas gracias al amaño de los contratos, lo que le permitía inflar y falsificar facturas para introducir gastos ajenos a los festejos. Una práctica que encaja con el modus operandi que los investigadores han venido describiendo en distintos municipios madrileños durante los años centrales de la trama Púnica.
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Uno de los ejemplos más claros relatados en sala afecta directamente a Móstoles. El 8 de mayo de 2011 se celebró una fiesta campera organizada por el PP en Móstoles y Alcorcón con un coste total de 12.000 euros. Parte de ese importe se facturó al grupo municipal del PP de Móstoles y otra al PP regional, pero quedaron pendientes 4.000 euros que, según la Guardia Civil, acabaron cargándose a las fiestas de septiembre de 2011 del Ayuntamiento mostoleño.
En el banquillo de los acusados se encuentran dos exalcaldes de Móstoles: Esteban Parro y Daniel Ortiz, este último ya condenado en otra pieza del caso Púnica relacionada con la contratación municipal. El juicio aborda precisamente la adjudicación irregular de contratos para festejos y eventos entre 2004 y 2013.
La Fiscalía solicita seis años de prisión para el principal acusado, el exconsejero madrileño Francisco Granados, por delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
