Frenados los desahucios de Nassim y Gustavo en Collado Villalba tras la movilización contra la SAREB
La entidad pública suspendió uno por la negociación colectiva, pero un juzgado tuvo que parar el segundo. Los colectivos denuncian "cribas racistas" y tácticas de "divide y vencerás"
Calle Real 13-15 en Collado Villalba
Collado Villalba
La presión del movimiento por la vivienda ha logrado frenar esta semana dos desahucios en Collado Villalba ordenados por la SAREB, la entidad pública controlada por el Ministerio de Economía. Se trata de los casos de Nassim y Gustavo, dos de las cuarenta y tres familias que negocian colectivamente un alquiler social con la sociedad.
El desahucio de Nassim se suspendió después de que la SAREB solicitara una paralización al entrar en la negociación colectiva. Sin embargo, el desalojo de Gustavo, que tenía un compromiso de alquiler social ya firmado con la entidad, solo pudo detenerse mediante una orden judicial, ante la negativa de la SAREB a paralizarlo.
Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba y el Plan SAREB, que respaldan a los vecinos, han denunciado enérgicamente los métodos de la entidad. Afirman que la SAREB negocia «con los tanques en la puerta» y aplica un «divide y vencerás», ofreciendo soluciones a unas familias y no a otras. También la acusan de realizar «cribas racistas» al excluir de la negociación a personas sin nacionalidad española y de no proteger a dos mujeres víctimas de violencia de género que residen en el bloque.
Los hechos ocurren en un contexto de temporal invernal y tras la caída del escudo antidesahucios. Los colectivos han recordado el caso de Montse, una mujer que falleció hace dos meses después de ser desalojada por el Ayuntamiento de Villalba de una vivienda de la SAREB sin recibir alternativa habitacional ni atención social.
El edificio afectado, situado en la calle Real 13-15, reúne los requisitos para ser transferido a la nueva empresa pública de vivienda Casa 47, según la normativa publicada en el BOE. Los activistas avisan de que, si no se produce un desalojo y venta previa, el bloque podría convertirse en vivienda pública. Su objetivo inmediato sigue siendo el mismo: «No pararemos hasta la firma de alquiler social de las 43 familias».
