Un guardia civil que investigó la Púnica declara que funcionarios de Valdemoro tenían "miedo a represalias"
La sesión de este miércoles ha contado con momentos de tensión durante la declaración del agente
Imagen de archivo de la intervención de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Valdemoro, en el marco del caso Púnica, en octubre de 2014 / Fernando Villar (EFE)
Madrid
Un guardia civil que investigó la trama corrupta Púnica relacionada con excargos políticos del PP ha declarado en el juicio que funcionarios del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) tenían miedo a represalias si testificaban sobre actuaciones del exconsejero madrileño Francisco Granados y otros exalcaldes.
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a Francisco Granados -exconsejero de la Comunidad de Madrid y exregidor de Valdemoro- y otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de las fiestas municipales entre 2004 y 2013 de Waiter Music, cuyo dueño era el fallecido José Luis Huerta, amigo del primero.
Este miércoles ha seguido testificando un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación, que ha recordado que cuando se personaron en la sede del consistorio de Valdemoro para requerir documentación algunos funcionarios "no quisieron declarar porque tenían miedo a posibles represalias dentro del ayuntamiento". "Había gente que te contaba cosas pero te decían: 'nunca me preguntes por esto porque yo nunca lo diría'", ha comentado.
Actos del PP con cargo a arcas municipales
El agente ha señalado que José Luis Huerta hizo regalos a Granados como un reloj, una pluma y un bolso además de pagarle fiestas privadas y organizó actos y mítines del PP en varios municipios que se facturaban con cargo a dinero público de los ayuntamientos ocultándolo como gastos de las fiestas locales de los mismos.
Ha recordado que, en su declaración tras ser detenido, José Luis Huerta manifestó que Granados y su sucesor en la alcaldía de Valdemoro, el también acusado José Miguel Moreno, le dieron instrucciones para que cargara al Ayuntamiento gastos de eventos del PP dentro de la facturación por los contratos que adjudicaron a su empresa Waiter Music para la organización de las fiestas locales.
Y ha añadido que Granados "ejerció presión" para que la Comunidad de Madrid firmara con Waiter Music un contrato por el que José Luis Huerta recibió 225.000 euros por organizar el concierto 'Nights of the Proms' el 31 de marzo de 2007 en el Palacio de Deportes de Madrid.
Sesión tensa
Durante la sesión se ha producido un rifirrafe entre el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, y Juan Ramón Montero, abogado del exalcalde de Valdemoro y también acusado José Carlos Boza, cuando el letrado comenzaba su interrogatorio al testigo, que se ha desarrollado de la siguiente forma:
-Juan Ramón Montero: ¿Cuándo comenzó a intervenir en esta causa y cómo se inició?
-Agente de la UCO: ¿De qué defensa es usted?, por tener una idea.
-Montero: No tiene interés para usted.
-Alfonso Guevara: Pero sí para la Sala porque dije el primer día que luego hay que oír la grabación y no figura quién está hablando.
-Montero: Soy el letrado Juan Ramón Montero Estévez, número 14.945 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y actúo en nombre y representación del señor Boza.
-Guevara: Baje diez escalones y entonces le permito hablar porque si no le sanciono. Como le he obligado a decirlo me pasa por la cara hasta el número de colegiado, que no me interesa.
-Montero: Muy bien señoría.
-Guevara: Si yo grito es porque puedo gritar y dirijo esto, no ustedes. Por tanto baje el tono. Puede empezar a preguntar.
Peticiones de prisión
En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio, Ricardo Godino.
Además de Granados, Moreno, Boza y Godino en el banquillo se sientan otros diez acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid, David Erguido por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y otros exalcaldes de municipios madrileños.
En concreto los exregidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, de Móstoles, Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada.