La UCO vio que Granados usaba su poder para extender la corrupción en ayuntamientos del PP

Madrid

El guardia civil de la UCO encargado de la investigación del caso Púnica ha declarado en el juicio que Francisco Granados se valió de sus cargos como consejero de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP regional para ejercer su influencia y extender prácticas de corrupción política en varios municipios. La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio a Granados -exconsejero de la Comunidad de Madrid y exregidor de Valdemoro- y otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de las fiestas municipales entre 2004 y 2013 de Waiter Music, cuyo dueño era el empresario fallecido José Luis Huerta, amigo del primero.

En la sesión de este jueves ha testificado el instructor de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ha manifestado que la influencia que tenía Granados como secretario general del PP regional y como consejero -llegó a ser número 2 de la entonces presidenta autonómica, Esperanza Aguirre- "le colocaba en una situación de privilegio sobre el resto de cargos públicos en la Comunidad de Madrid". Y ha recordado que Granados "desempeñaba un papel muy importante en la configuración de las candidaturas electorales de futuros comicios, lo que le otorgaba bastante ascendencia política sobre cualquier municipio".

Igualmente el testigo ha señalado que en la propia Comunidad de Madrid, Granados "tenía la capacidad de dirigirse a cualquier entidad pública con la capacidad de influencia suficiente como para determinar el resultado". El agente ha explicado que, de esta forma, la empresa de José Luis Huerta, Waiter Music, consiguió durante varios años en distintos municipios la adjudicación de contratos para organizar actos de fiestas locales con "irregularidades" para evitar la concurrencia de otras empresas. Y ha añadido que Huerta también organizó eventos privados de Granados y otros acusados y actos electorales y festivos del PP que se pagaron con fondos públicos de los ayuntamientos implicados en la trama para lo cual se falsificaron o inflaron facturas correspondientes a supuestos servicios para las fiestas locales. "En ocasiones los funcionarios municipales les recordaban a las autoridades políticas la irregularidad de su proceder y sin embargo estas continuaron adelante con la tramitación con quebrantamiento de la ley de contratos públicos", ha subrayado el responsable de la investigación de la Guardia Civil.

Otro agente de la UCO ha dicho que Granados presionó para que la Comunidad de Madrid financiara con más de 360.000 euros -a través de la Consejería de Cultura y la Fundación Arpegio- un concierto organizado el 31 de marzo de 2007 en Madrid para paliar las pérdidas que iba a tener Huerta pues días antes del mismo solo se habían vendido entradas por valor de 71.000 euros cuando el evento costaba más de medio millón.

Acusación de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción mantiene en su escrito de acusación que Granados tenía el deseo personal de que se celebrara en el Palacio de los Deportes de Madrid el concierto 'Nights of the Proms' con varios artistas de música clásica y moderna y manifestó a Huerta que quería que se encargase de organizarlo "sin ningún tipo de concurso ni procedimiento administrativo". Y añade que Granados le dijo a Huerta "que no se preocupase y que si económicamente algo fallaba él se encargaría de que recibiese fondos de las administraciones públicas".

En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación. Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino.

Otros acusados

Entre los acusados están también el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete; José Carlos Boza, que fue alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014, y los exregidores de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, Móstoles Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz y de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada.