Absuelto el exrector de la Universidad Carlos III acusado de adjudicar plazas de profesorado a dedo
Uno de los candidatos interpuso el recurso pero la Fiscalía en ningún momento apreció indicios de delito
Juan Romo, rector de la UC3M, ha sido absuelto en su juicio por prevaricación (Foto de Archivo) / CRUE
Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exrector de la Universidad Carlos III Juan Romo y al resto de acusados por un delito de prevaricación por presuntamente adjudicar plazas docentes a dedo, tras la denuncia de uno de los candidatos que no obtuvo la plaza.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes, el tribunal ha concluido que no puede considerarse probado ningún tipo de conflicto de intereses por parte de los responsables de la adjudicación "y menos aún una actuación prevaricadora en el rector".
El procedimiento judicial se inició tras una querella por prevaricación administrativa interpuesta por Michael Victorio G.L., un profesor de Tecnología Electrónica que no obtuvo la plaza a la que aspiraba y consideró que sus méritos no habían sido valorados "en sus justos términos".
Acusados otros miembros del tribunal
Junto a Romo, actual rector de la Universidad Alfonso X El Sabio, se sentaron en el banquillo los cinco miembros del comité que en junio de 2018 adjudicó las plazas ocupadas interinamente y seleccionó a tres candidatas distintas al querellante.
La sentencia señala que el denunciante "obtuvo la puntuación más baja por parte de todos los miembros que integraban la comisión". Además, los magistrados han recalcado que el profesor denunció una vez se conocieron los resultados sosteniendo que habían relaciones "asiduas" entre los miembros del comité y las candidatas seleccionadas, pero "no impugnó el proceso" en su momento.
"Las relaciones profesionales que pudieran tener, también con el querellante, no se ha acreditado que hayan desembocado en un trato injustificadamente desigual", ha concluido el tribunal.
Por todo esto, la Audiencia Provincial, en línea con la Fiscalía que tampoco veía delito, ha decidido absolver a todos los acusados, a quienes el querellante reclamaba una indemnización 230.000 euros y 13 años de inhabilitación.
