Al menos 38 familias denuncian presiones para derivar a sus hijos a Educación Especial en centros públicos de Madrid

Madrid

Organizaciones que trabajan para garantizar el derecho a la educación ordinaria de los niños con Trastorno del Espectro Autista denuncian que han atendido ya a cerca de 40 familias en lo que va de curso por presiones para derivar a sus hijos con autismo de los centros públicos en los que estudian a colegios de Educación Especial.

"Cada vez ponen más problemas a los alumnos que ya están en aulas TEA o que han solicitado entrar, pero además utilizan informes psicopedagógicos para hacer derivaciones forzosas a Educación Especial; si los padres no hacen ese informe, les amenazan con mandarles a Fiscalía de Menores y con denunciarles a Servicios Sociales por abandono de familia", explica Laura Abadía, presidenta de Segundo Maestro.

Desde que empezaron las clases, su organización, compuesta por profesionales de la Educación que defienden la normalización de la discapacidad en los centros escolares, ha atendido 15 casos. La Asociación en Defensa del Alumnado TEA asesora en otros 23 casos similares.

En todos ellos se repite un patrón: son centros ordinarios pero preferentes para niños con TEA y aún así, les invitan a marcharse. Desde Segundo Maestro consideran que las amenazas para forzar el paso de estos alumnos a Educación Especial empiezan a ser preocupantes. "Estamos aconsejando a las familias que pidan acta de las reuniones y que quede constancia por escrito, para que sea más fácil trasladar el caso al Defensor del Pueblo, denunciarlo o presentar una vía contencioso-administrativa por vulneración de los derechos fundamentales", indica Abadía.

38 casos diferentes, un patrón común

Sandra es madre de una niña con autismo que va a un colegio de Algete. En un momento dado, la dirección solo le permitió que acudiera 3 horas al día, porque por la tarde no podían atender sus necesidades. El colegio les forzó a autorizar una evaluación de la orientadora que concluyó su cambio a Educación Especial. "La reunión fue súper desagradable, la orientadora se reía a carcajadas. Y, sin informarme antes, había allí una persona de Servicios Sociales que, a la salida, me recomendó cambiar a mi hija de centro", recuerda.

El caso de PAZ es similar, también en un colegio que prefiere no especificar para evitar represalias. Su hija tiene 6 años y le detectaron autismo de grado 1 en 1º de Primaria. Tras múltiples enfrentamientos con el centro y una crisis grave de la niña, también la convocaron a una reunión. "Estaban empeñados en conseguir un diagnóstico que no cuadraba con ella", relata. "Decían que tenía un trastorno negacionista, desafiante, que era especialmente agresiva y que no reconocía figuras de autoridad", continúa Paz. Sin embargo, su pediatra se negó a redactar ese diagnóstico "porque la niña no lo tenía".

"Se empeñaron en hacer un diagnóstico falso a mi hija, decían que era especialmente agresiva"

Otro ejemplo claro es el de Belle. Su colegio está en San Chinarro, en el distrito de Hortaleza. Su hija ha acumulado incluso partes de lesiones. En este caso, en la reunión a la que fue convocada fue sorprendida con la presencia de la policía. "Cuando comencé a reclamar, empezaron los agravios por parte de la directora, la jefa de estudios y la orientadora de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP)", asegura. "Me tildaron de loca y de conflictiva... Aquel encuentro fue una encerrona", añade.

Las asociaciones especializadas recuerdan que este tipo de prácticas son contrarias a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y del Derecho Fundamental a la Educación que tiene este tipo de alumnado. Es la administración pública la que tiene que garantizar los recursos suficientes para que esta integración en los centros ordinarios sea posible.

La consejera de Asuntos Sociales Ana Dávila, a preguntas de la SER, ha respondido lo siguiente sobre el asunto: "En Madrid somos ejemplo de integración de personas que vienen de otras Comunidades Autónomas y de otros países, también somos ejemplo de integración de las personas que tienen cualquier tipo de dificultad, discapacidad o vulnerabilidad y estoy segura de que las familias así lo entienden".

Hasta ahora, en la mayor parte de los casos, las familias se ven obligadas a cambiar de colegio a los niños a centros privados o concertados.