El Ayuntamiento de Collado Villalba defiende la ”legalidad” del desalojo de la calle Real 13-15 mientras la oposición exige alternativas para los cien desalojados

Collado Villalba

El desalojo del edificio situado en los números 13 y 15 de la calle Real de Collado Villalba, que ayer movilizó a efectivos de Policía Local, Guardia Civil y antidisturbios y afectó a cerca de un centenar de personas, ha desatado un cruce de acusaciones entre el gobierno municipal y la oposición. Mientras el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, defiende la legalidad de la operación, los grupos de la oposición discrepan sobre el procedimiento y reclaman soluciones habitacionales.

En un comunicado emitido tras la intervención, el Consistorio justificó la actuación basándose «exclusivamente a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad». Según el Ayuntamiento, «los informes técnicos municipales acreditan de forma concluyente la existencia de deficiencias estructurales, así como graves carencias en materia de seguridad y condiciones higiénico-sanitarias, incompatibles con la permanencia de personas en el interior del edificio y que suponían un riesgo real para la integridad física y la salud de sus ocupantes». El gobierno local añade que actuó «con responsabilidad y proporcionalidad» e instó previamente a la propiedad a ofrecer alternativas habitacionales, especialmente para los más vulnerables.

El portavoz del PSOE, Andrés Villa, consideró necesario el desalojo. «¿Era necesario para la tranquilidad de los vecinos y de los comerciantes del barrio de la estación, era necesario para empezar a acabar con la inseguridad acumulada en esa zona, pero, sobre todo, era necesario para las propias personas que estaban dentro de este edificio, porque no se daba ninguna de las condiciones humanas mínimas para poder vivir», afirmó. No obstante, Villa exigió respuestas para el futuro y criticó a la alcaldesa, Mariola Vargas, por, a su juicio, haberse «desentendido» del problema de la vivienda y de la «falta severa de alternativas para personas vulnerables» en el municipio.

Una postura más beligerante mostró Más Madrid. Su portavoz, Gonzalo Díaz, denunció que el gobierno municipal está incumpliendo la normativa al no entregar la documentación que justifica la decisión. «El informe técnico que justificaría esta medida no nos ha sido entregado pese a nuestras reiteradas solicitudes por escrito, lo cual incumple la normativa y el derecho de acceso a información de los concejales. Actualmente, carecemos de documentos objetivos sobre este expediente», aseguró Díaz, poniendo el foco en la falta de transparencia del proceso.

La crítica más dura llegó desde Podemos. Su portavoz, Aurora Antolínez, calificó la operación como «un desahucio completamente ilegal, sin orden judicial, sin alternativa habitacional, con autoridad y con mucha violencia». Antolínez cargó directamente contra el gobierno de Mariola Vargas: «Estas son las políticas de Mariola Vargas y del gobierno del Partido Popular, políticas que dejan a más de 40 familias y a más de 100 personas en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional».

Por último, MCV también se pronunció al respecto. Su portavoz, Roberto Ramos, defendió una postura de tolerancia cero contra la ocupación ilegal. «Nadie tiene derecho a ocupar una propiedad privada o pública, todo debe estar reglado. Tolerancia 0 contra la ocupación», subrayó Ramos, quien, sin embargo, coincidió con el PSOE al señalar que «la política de vivienda pública está olvidada por la alcaldesa y la Comunidad de Madrid».

El Ayuntamiento, por su parte, reitera en su nota que su actuación «se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente, siguiendo criterios técnicos objetivos» y que continuará trabajando «por el cumplimiento de la normativa vigente y la seguridad del conjunto de la ciudadanía». Como antecedentes, el Consistorio detalla que el 26 de octubre de 2025 se produjo un incendio en el inmueble, que el 13 de noviembre el arquitecto municipal emitió un informe sobre su mal estado y que al día siguiente Sanidad certificó unas «condiciones higiénico-sanitarias (...) deficientes».