Galapagar defiende su Oficina Antiokupación, mientras la coalición Por Galapagar la tacha de «fiasco» tras su primer año
El Gobierno municipal de Galapagar defiende el carácter preventivo y de asesoramiento de la Oficina Antiokupación tras atender 25 consultas en su primer año, mientras la coalición Por Galapagar denuncia que el servicio apenas ha intervenido en casos reales y cuestiona su eficacia.
Oficina municipal Antiokupación
Galapagar
El Gobierno municipal de Galapagar ha defendido la continuidad de su Oficina Municipal de Apoyo frente a la Ocupación tras hacer balance de su primer año de funcionamiento. Según los datos facilitados por el Ejecutivo que encabeza la alcaldesa Carla Greciano, el servicio ha atendido un total de 25 consultas, ofreciendo asesoramiento jurídico, atención personalizada y coordinación con la Policía local.
Desde el Consistorio subrayan el carácter preventivo del recurso y destacan que el 48% de las consultas están relacionadas con ocupación ilegal, mientras que el resto corresponden a conflictos entre propietarios e inquilinos, riesgo de ocupación o problemas de convivencia. Además, la Policía local ha realizado inspecciones, mediaciones e identificaciones vinculadas a estos casos.
El Ejecutivo local insiste en que el objetivo es acompañar e informar a los vecinos y trasladar un mensaje claro. En este sentido, fuentes municipales aseguran que seguirán trabajando con este servicio para reforzar la prevención y la seguridad y reiteran que «en Galapagar no queremos okupas».
Sin embargo, la coalición Por Galapagar ha cuestionado la utilidad real de la oficina y considera que los propios datos evidencian su escaso impacto. Desde la formación critican que el Gobierno municipal presente el servicio como un éxito cuando, aseguran, los casos reales son muy reducidos. «Hemos visto con estupor cómo el Gobierno de Carla Greciano muestra orgullo de las consultas atendidas en su oficina antiocupación, pero la realidad de los datos es que apenas han producido dos casos reales en el municipio», señalan.
La coalición también advierte de que algunas consultas podrían estar repetidas o no corresponder a delitos de ocupación, y sostiene que el servicio carece de competencias reales para intervenir más allá del asesoramiento.
Mientras el Ejecutivo municipal reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia vecinal, la oposición reclama priorizar políticas públicas centradas en el acceso a la vivienda y la mediación, y cuestiona la necesidad de mantener una oficina específica para esta finalidad.
