El impacto de los discursos de odio en los migrantes de Madrid: "Éramos acogedores, pero está calando el mensaje político de que son una amenaza"

Madrid

Según la última Encuesta de Población Activa, de los tres millones de personas ocupadas que hay en la Comunidad de Madrid, casi 700mil son migrantes, una de cada cinco personas. Este segmento de población supera ya el millón 200 mil empadronados en la región. Pero la percepción social hacia ellos se ha deteriorado en los últimos tiempos, según revela el último informe del Consejo Económico y Social.

Esta circunstancia es uno de los objetos de debate de las jornadas sobre migración, políticas públicas y empleo organizadas por el sindicato CCOO. Francisca Gómez, secretaria de políticas sociales del sindicato explica que siempre hemos sido una población acogedora, pero el influjo de los discursos de odio está calando en la sociedad: "Las fuerzas políticas identitarias, nacionalistas y autoritarias -no solo en la ultraderecha- son las que nos transmiten que los migrantes son una amenaza y un riesgo del que hay que protegerse, y este mensaje está calando", explica.

Aumentan los discursos que difunden que la población migrante acapara los servicios sociales, o la sanidad pública, pero frente al relato, están los datos: "Sólo el 5% de ellos acude a los servicios sociales, sólo un 17% cobra la renta mínima -a pesar de su situación de vulnerabilidad- y suponen apenas un 20% del total de las visitas a Atención Primaria", señala Gómez.

La regularización como herramienta justa y positiva

Las personas en situación irregular son invisibles para el sistema, pero en CCOO recuerdan que subsisten en la comunidad y que "lo hacen condenadas a la exclusión social, la sobreexplotación laboral y la clandestinidad". Atribuyen la responsabilidad a la administración y sus impedimentos burocráticos, pero también a los empresarios que se aprovechan de ellos para abaratar sus costes. Por eso, insisten en que la regularización planteada por el gobierno central "es una medida justa y positiva".

Los últimos abusos que han detectado en el sindicato están relacionados con dicha regularización: "Gente desalmada que se ofrece en anuncios para cobrar entre 50 y 500 euros para asesorar o tramitar una regularización que todavía no es una realidad porque ni siquiera se ha aprobado definitivamente", explica.

Una vez que la norma se tramite y se fijen los requisitos, los sindicatos ofrecerán asesoramiento y ayuda para la tramitación de forma gratuita.