Asociaciones y plataformas rechazan la limitación de la participación vecinal en los Plenos de Colmenar Viejo

Colmenar Viejo

El Gobierno de coalición de PP y Vox en Colmenar Viejo ha aprobado el nuevo Reglamento Orgánico Municipal que, entre otros asuntos, regula la participación ciudadana mediante un ‘Estatuto del vecino’. El nuevo texto recoge los derechos vecinales a información, petición y propuesta, participación colegiada, iniciativa ciudadana, consulta popular, o el derecho a intervención en el turno de ruegos y preguntas en las sesiones plenarias. La modificación de este último punto ha generado una importante reacción de rechazo de las plataformas y entidades sociales del municipio.

La nueva normativa obliga a presentar por escrito los ruegos y preguntas con una antelación mínima de dos días hábiles a la celebración del Pleno, limita a diez el número máximo a tratar en cada sesión y solo por censados en el municipio, y no permite mas de tres intervenciones al año por la misma persona o entidad para, dice el nuevo reglamento, “garantizar la pluralidad y diversidad en la participación”.

La Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo, y las plataformas para la Defensa de la Sanidad y la Escuela Pública, las Urgencias de los Pueblos, afectados por la Hipoteca, Escuela Pública, Aire Limpio, y contra la Planta de Biogás han rechazado esta modificación, porque creen que introduce mayores obstáculos a la participación, en vez de fortalecer los mecanismos democrácticos de participación como un derecho.

Desde la asociación vecinal, su presidente Daniel Borona, cree que esta medida viene a acallar las crecientes protestas de los habitantes de Colmenar Viejo, y denuncia la progresiva reducción de espacios reales de participación en el municipio.

Borona insiste en que este no es un hecho aislado y recuerda la desaparición de los denominados presupuestos participativos, la ausencia de una comisión ciudadana para la organización de festejos, la situación de abandono de los Consejos Municipales de participación sectorial, o la negativa a abrir un proceso de consulta popular sobre la instalaciónd e la macroplanta de biogás en el municipio.

Las plataformas denuncia, además, que se han puesto cámaras de videovigilancia enfocadas al público asistente a los plenos “como intimidación”, y a pesar de la concurrida presencia policial. Creen que se están vulnerando derechos constitucionales y de protección de datos al realizarse grabaciones de personas anónimas. Por último, también rechazan la tardanza en responder del Gobierno Municipal a escritos presentados desde hace un año, o el lenguaje y trato que reciben directamente del alcalde en las sesiones plenarias, “con falta de respeto y ataques personales”.