Ecologistas reclaman que los residentes de Ciudalcampo paguen por las obras que acabarán con sus vertidos fecales

San Sebastián de los Reyes

En julio del año pasado Canal de Isabel II iniciaba las obras para la construcción de un nuevo colector, cuatro kilómetros de saneamientos y hasta 83 pozos de registro, para llevar las aguas residuales de la urbanización Ciudalcampo de San Sebastián de los Reyes hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arroyo Quiñones. Con estas obras, que finalizarán previsiblemente en la segunda mitad de 2027, las aguas llegarán al río Guadalix en mejores condiciones y respetando la normativa.

Desde la Plataforma Ecologista Madrileña denuncian que la actuación de 6,5 millones de euros será financiada íntegramente con fondos públicos, a pesar, afirma, que los propietarios tendrían que financiar una parte proporcional de los costes de saneamiento de esta urbanización de lujo formada por 1.200 viviendas de alto nivel adquisitivo. La plataforma afirma que según el Plan Director de Saneamiento y Depuración de 1998 firmado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el Canal de Isabel II y la Consejería de Medio Ambiente, los propietarios debían asumir 186,17 millones de pesetas. Otro estudio técnico posterior del propio Canal cifraba esa contribución en más de un millón de euros, pero, ahora la financiación será 100% pública.

El portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama ‘El Soto’, Antonio Martínez, denuncia que la Comunidad de Madrid vuelva a cargar las obligaciones económicas de residentes privilegiados en la espalda de los contribuyentes, a pesar de que llevan décadas contaminando con sus aguas fecales sin depurar el río Guadalix y el río Jarama.

Martínez denuncia que durante más de medio siglo las administraciones públicas no han actuado contra una “depuradora placebo” que, afirma, no tenía capacidad efectiva de depuración. La contaminación, insiste Martínez, no solo ha afectado al ecosistema fluvial sino también a la salud de los vecinos cercanos de la urbanización Santo Domingo, que han convivido durante años con malos olores, presencia de insector y riesgos sanitarios.

La Asociación Ecologista del Jarama ‘El Soto’, que forma parte de esta plataforma, viene denunciando desde 2019 esta situación, con una primera denuncia ante Fiscalía y SEPRONA en 2020 que provocó que se revocara la autorización del vertido de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Este hecho, afirman, provocó que se dieran los primeros pasos hasta llegar a las obras actuales.