El Gobierno de Ayuso multa con 3.000 euros a la asociación denunciada por trato vejatorio a víctimas de violencia de género

Madrid

La Comunidad de Madrid ha impuesto dos sanciones que suman 3.235,34€ a la asociación Trama, una entidad privada encargada de gestionar un centro para víctimas de violencia de género y sus hijos (centro de Acogida nº 4), con 22 plazas, denunciada por presunto maltrato y vejaciones hacia las usuarias.

Según el Ejecutivo regional, la entidad incurrió en incumplimientos graves del contrato, concretamente por trato vejatorio a mujeres y menores y por la contratación de medios personales sin la acreditación de la solvencia profesional, por lo que la sanciona con 1.617€ cada una.

"El Guantánamo de las mujeres"

La diputada socialista Lorena Morales critica la escasa cuantía de la multa y recuerda cómo las mujeres usuarias describieron el centro: "El que llamaron las propias usuarias y las trabajadoras el Guantánamo de las mujeres y que se fueron valientemente a la Fiscalía a denunciarlo con unos testimonios estremecedores se salda con poco más de tres mil euros de multa. Eso es lo que valemos las mujeres, las víctimas de violencia de género, para Yuso, que es una negacionista", dice Morales.

La Dirección General de la Mujer dio traslado también a Fiscalía de las decenas de denuncias remitidas hace meses por la asociación 'Casa de las Mujeres de Vallekas' y, tal y como confirman desde la organización, esta investigación sigue abierta en un Juzgado de Arganda del Rey. De hecho, algunas de las usuarias afectadas han recibido citaciones del juzgado para declarar en esta causa.

La investigación sigue abierta

El PSOE de Madrid denuncia que, aunque la normativa permite imponer penalidades de hasta el 10% del precio total del contrato -según el artículo 192 de la Ley de Contratos- el Gobierno regional aplica ese porcentaje únicamente al valor mensual, en concreto a 32.000 euros, lo que reduce de forma notable la cantidad a reclamar.

"Ayuso las limita a un 10% del valor mensual, con lo cual quedan unas penalidades, en el caso muy extraño de que las impongan, tan pírricas que a las empresas les sale muchísimo más a cuenta incumplir unos contratos que ya de por sí son de miseria", señala la diputada. Los socialistas rechazan que en otros centros, de mayores o de atención a la discapacidad, la penalidad impuesta sí sea sobre el total del contrato.

La Consejería de Asuntos Sociales defiende que la penalidad impuesta a la asociación se ajusta tanto a los pliegos como a la normativa vigente.