La Justicia obliga a Ayuso a crear un registro de médicos objetores al aborto
La presidenta madrileña se negaba a crearlo a pesar de que estaba obligada por ley
MADRID, 06/03/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da un discurso durante el acto institucional de la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, este viernes. EFE/ Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jiménez (EFE)
Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Gobierno de la Comunidad de Madrid a crear un registro de médicos objetores que se nieguen a practicar abortos. La sala de lo contencioso administrativo ha ordenado al Ejecutivo regional a iniciar los trámites para crear ese listado de manera urgente.
Esta resolución es la primera consecuencia de la demanda que interpuso el ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno madrileño a crear ese registro. Según la denuncia, el departamento de Mónica García pedía a Ayuso que crease este registro y no utilizase a los profesionales como excusa. Además, pedían que mientras se dicte sentencia, como medida cautelar, se obligase a la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha de ese registro.
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran que "no ha cambiado nada" y que el "TSJM sólo acepta la cautelar e insta a iniciar los trámites, pero no entra aún en el fondo de asunto". Añaden que recurrirán ante la Justicia.
Denuncia de Mónica García
La Ley estatal del aborto obliga a las Comunidades Autónomas a crear un registro de médicos objetores que se nieguen a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, el Gobierno madrileño se ha negado a elaborar ese listado apelando a la "libertad" de los profesionales sanitarios. Hace unos meses, la presidenta Ayuso definía la ley como "sectaria" y "dictatorial" y defendía el derecho a la objeción de conciencia de los médicos".
Uno de los argumentos que utilizaba la Consejería de Sanidad madrileña para negarse a acatar la ley es que, según ellos, el registro de médicos objetores supondría un "estigma" para ellos. La realidad es que ese registro es un documento anónimo. Su función es la de permitir que los hospitales públicos organicen su actividad asistencial, de tal forma, que el derecho de cualquier mujer a abortar este garantizado. En la Comunidad de Madrid, menos de un 1% de los abortos se realizan en la sanidad pública.
