El Ayuntamiento de El Boalo aprueba pagar 6.000 euros a una familiar directa de la alcaldesa

El Boalo-Cerceda-Mataelpino

El Pleno del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha vivido hoy una de sus sesiones más tensas de los últimos años. La alcaldesa, Soledad Ávila Ribada, tuvo que ausentarse del salón de plenos en el momento en que se iba a debatir y votar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 7/2026, correspondiente a tres facturas por importe de 5.892,70 euros de una proveedora que, según advierte la Intervención municipal, es familiar directo de la regidora.

El informe de fiscalización, firmado por la interventora, es concluyente: «Esta Intervención advierte que se han observado posibles vinculaciones familiares en las contrataciones de las que se derivarían las facturas anexas al presente expediente». A continuación, el informe reproduce íntegramente el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que establece la prohibición de contratar con «cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad». También cita el artículo 64, sobre la «lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses», que obliga a los órganos de contratación a evitar «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación (...) tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia».

La interventora firma el documento como «fiscalizado de disconformidad», lo que, según explica, «procede la suspensión de la tramitación del expediente hasta que se subsanen las incidencias indicadas o se resuelva la discrepancia». Esa discrepancia correspondía resolverla al Pleno en votación.

La alcaldesa se ausenta y estalla la oposición

Nada más iniciarse el punto, Ávila anunció que, «por mi relación de parentesco» con la proveedora, dejaba la presidencia en manos de la primera teniente de alcalde, Isabel Giménez (BCM en Común), y abandonó la sala. Fue entonces cuando el portavoz del Partido Popular, Sergio Sánchez Yunquera, tomó la palabra y protagonizó una intervención subida de tono: «Es inaudito, la primera vez en la historia de este municipio que una alcaldesa se tiene que ausentar del Pleno porque lo que venimos a tratar son unas facturas que vienen con informes de disconformidad por parte de la intervención municipal, de familiares directos de esta señora». Sánchez Yunquera añadió: «Esta señora está imputada. Es la primera vez en la historia que tenemos una alcaldesa durante el ejercicio de su cargo que está imputada, y precisamente por el asunto que venimos a tratar hoy aquí».

El portavoz popular se dirigió entonces a Giménez recordándole unas declaraciones anteriores: «Usted dijo: 'Si esta señora es imputada, tendrá que dimitir'. ¿Va a decir lo mismo hoy, señora Giménez? ¿Va a seguir avalando esto?». Y concluyó: «Ética y moralmente es inadmisible que una persona que está imputada ejerza el cargo de alcaldesa».

La defensa del equipo de Gobierno y las alusiones cruzadas

Desde las filas socialistas se negó que Ávila esté imputada y se restó importancia al informe: «Sobre el informe de la intervención, los preceptos que marca los copia, no realiza ninguna acusación». Añadió que «lo que es claro y notorio es que esta persona ha realizado un servicio y que debe cobrarlo para evitar que la administración se enriquezca injustamente».

Olga Romero, portavoz de Somos Pueblo, terció para matizar: «Si un trabajo se realiza, ese trabajo debe pagarse, siempre. Sin embargo, lo que hoy se trae no deja de ser profundamente preocupante. Se nos pide aprobar estas facturas sin propuestas de gastos, sin informes de necesidad y acompañado de un informe de intervención que advierte expresamente de la posible vinculación familiar». Romero denunció que se trata de «advertencias claras que aparecen reflejadas en un informe técnico de un habilitado nacional».

El momento más tenso lo protagonizó José Miguel González (Vox), quien, dirigiéndose a los concejales del equipo de Gobierno, les espetó: «Sois igual de cómplices. Por dignidad, por respeto a este municipio, deberíais votar en contra». Tras la votación, González fue llamado al orden en tres ocasiones por la presidenta y finalmente expulsado del Pleno.

Juan Manuel Sevillano (BCM en Común) intentó contraatacar señalando supuestas irregularidades del anterior Gobierno del PP: «En dos años hay una empresa, un cuñado de su número dos, 168.957,10 euros facturados. De esos, 138.835,53 sin contrato». Sánchez Yunquera replicó al instante: «Váyase a los tribunales y denúncieme. Yo tengo pruebas, he ido a los juzgados y de momento me van dando la razón».

Producido un empate en la votación, la primera teniente de alcalde, Isabel Giménez, ejerció su voto de calidad para aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos. Al regresar Soledad Ávila al salón, los concejales de la oposición, en pie, le pidieron que dimitiera. La alcaldesa ignoró las protestas y dio paso al siguiente punto del orden del día.

Las facturas, por importe de 5.892,70 euros, corresponden a trabajos realizados para el municipio y su pago quedó aprobado, aunque la Intervención ya ha advertido que este tipo de situaciones no pueden repetirse sin incurrir en posibles responsabilidades.