El informe psicosocial sobre los afectados por Metro en San Fernando de Henares demuestra daños severos en salud mental

San Fernando de Henares

San Fernando de Henares habla de Metro. Este martes, en el Centro Cultural Gabriel Celaya, la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro ha presentado los detalles del informe psicosocial que ha realizado el Centro Sira en el municipio sobre el impacto que ha tenido la línea de Metro y sus consecuencias en la salud mental de los vecinos de San Fernando.

Daños que, para el Centro Sira, se han detectado como "impactos severos y cronificados" en los encuestados en este informe, provocados no solo por las obras de construcción del metro y de derribo de las viviendas, sino también por la desafección generada contra las administraciones.

Una serie de daños que, para Gabriela López, una de las psicólogas involucradas en la elaboración del informe, han provocado un problema comunitario, un problema continuado en el tiempo, para el que no se ha puesto una solución real, y que ha generado un problema de confianza severo en las administraciones pertinentes. Según los resultados de la investigación, el 96% de los afectados han considerado que las autoridades han generado mayor sufrimiento y el 98% que no han hecho nada para responsabilizarse o minimizar el malestar.

Asimismo, casi el 90% ha afirmado que considera "muy escaso o nulo" el apoyo de la oficina de atención a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid abierta específicamente en el municipio. Por ello, desde el Centro Sira han estimado, al igual que los afectados, que la falta de información ha sido una de la grandes causantes de los daños ocasionados, al generar afecciones directas a nivel mental.

En una problemática en la que la comunicación con la administración responsable, la Comunidad de Madrid, ha sido opaca e incluso nula, y en la que las indemnizaciones de los expedientes de responsabilidad patrimonial no cubre las necesidades de las personas sin vivienda, y por lo tanto, se ha de incurrir a la vía judicial, Gabriela López ha sostenido que no sabe cuál puede ser el futuro para los afectados tras la reapertura del 22 de noviembre de 2025.

Respecto a los expedientes de responsabilidad patrimonial y sus indemnizaciones, otra de las guerras abiertas del conflicto de la 7B, López ha apuntado que cree que puede haber un atisbo de justicia en las resoluciones judiciales —individuales— que se van dando del conflicto, aunque lo idóneo y deseable sería que la Comunidad de Madrid recalculase el daño generado tanto por los trabajos como por la incertidumbre, pensamiento mayoritario entre los vecinos de las zonas colindantes a las viviendas ya derribadas.

Datos de las investigaciones

Según recoge la Agencia EFE, en cuanto a las consecuencias derivadas en afectaciones psicosociales, las más frecuentes son la interrupción de la vida cotidiana (90,2%), afectación económica (66,3%) y el impacto en el empleo (64%).

El documento tilda de “dimensiones críticas” las que han sufrido los niñas, niños y adolescentes: problemas de salud física (66,7%), afectación educativa (69%), limitación de movilidad y juego (71,4%) e inseguridad vital (75%).

Por otra parte, dentro de los impactos identificados, el daño alcanza la salud física y mental: problemas de sueño (79,1%), dolores de cabeza (71,4%), crisis de ansiedad (64,4%) y consumo de medicación (46%).

Del mismo modo, han constatado un impacto vital y moral profundo: pérdida del proyecto de vida (89,7%), sensación de incapacidad de actuar (94,5%), cambios emocionales generalizados (76,1%), desafección política (76%) y percepción de daño moral (87%).