Un ex alto cargo de Ayuso vuelve a negar en Getafe ser autor de los protocolos de residencias
El ex director general de Coordinación Sociosanitaria ha sido el único de los implicados en declarar en el caso que investiga la muerte de una vecina de Getafe
Imagen de archivo del geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo, a la izquierda, en una de sus declaraciones por los protocolos de la pandemia / SERGIO PEREZ (EFE)
Getafe
Nada nuevo en la investigación de los protocolos que impedían trasladar a hospitales a aquellas personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia. Este jueves los juzgados de Getafe han acogido la declaración de un ex alto cargo del Gobierno regional, el ex director general de Coordinación Sociosanitaria Javier Martínez Peromingo, que ha vuelto a negar ser autor de aquellos protocolos y que de hecho expresó su desacuerdo con los criterios. El resto de implicados no ha prestado declaración, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Durante la declaración, en el exterior la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe, plaza número 3, se han concentrado varias personas para apoyar a la asociación ‘7.291 Verdad y Justicia’, cuya portavoz Mayte Rodríguez es hija de la mujer cuyo fallecimiento se investiga, cuyo testimonio fue cuestionado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a pesar de que luego rectificó.
La propia afectada, que ha reclamado que los culpables “sean juzgados con dureza”, ha estado acompañada por representantes políticos como Alba Leo, portavoz de Podemos y teniente de alcaldesa del Gobierno municipal de Getafe, que ha pedido que estos procedimientos judiciales sirvan para que se esclarezca la verdad.
Deriva la responsabilidad en Carlos Mur
Durante su declaración, Martínez Peromingo ha atribuido la autoría de esos documentos a su predecesor en el cargo, Carlos Mur. Peromingo sigue negando ser el ideólogo de los protocolos, sostiene que recibieron estos documentos de Mur y detalla que en un grupo de geriatras dijeron que no estaban de acuerdo con los criterios fijados en esos textos y que así se lo advirtieron a Carlos Mur, ha explicado Castillo.
En la misma sesión, estaba citado como investigado Pablo Busca, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias, quien no declaró en esta causa en febrero, porque alegó que estaba enfermo.
Busca ha comparecido por videoconferencia y se ha acogido a su derecho a no declarar, tras indicar su abogado que está pendiente de la resolución de la cuestión de competencia planteada por este Juzgado de Getafe.
También estaba citada la directora de la residencia Los Ángeles, de Getafe, durante la pandemia María José Burgos Gómez, que ya no ocupa el cargo aunque sigue vinculada al centro, quien ha pedido prestar declaración cuando conozca la causa, por lo que el juez ha señalado su comparecencia para el 20 de abril.
Este jueves estaba convocado, asimismo, para declarar por videoconferencia como investigado Carlos Mur, pero su declaración ha sido pospuesta hasta el 15 de abril.
Fallecimiento en la residencia Los Ángeles
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe, plaza número 3, investiga el fallecimiento de Petra Gadea el 12 de abril de 2020 a los 88 años en la residencia Los Ángeles, situada en Getafe, por una infección por coronavirus, sin haber sido trasladada a un hospital, sin cuidados paliativos ni medicación.
La hija de la fallecida, Mayte Rodríguez, se sumó el 10 de octubre de 2024 a la denuncia colectiva impulsada por más de un centenar de familias contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de veinticinco hospitales por un delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
Rodríguez ha recordado que 7.291 personas murieron en las residencias madrileñas durante la pandemia porque fueron "discriminadas" por unos protocolos que fueron redactados por el equipo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que los condenaron a "una muerte indigna, cruel y degradante".
Mayte Rodríguez ha mostrado su confianza en que los investigados cuenten la verdad y desvelen quiénes redactaron estos protocolos, a la vez que ha reclamado que todos los responsables pasen por instituciones judiciales.
