La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, señala a la Asamblea de la Vivienda por las pintadas en el Ayuntamiento y alerta de «mafias» que lucran con la okupación
Mariola Vargas asegura que en el desalojo de la calle Pardo de Santayana la Policía encontró documentos que acreditan pagos de hasta 400 euros mensuales a «entidades que no existen», mientras el colectivo vecinal se desvincula de los grafitis
Collado Villalba
El Ayuntamiento de Collado Villalba amaneció ayer jueves con varias pintadas en sus fachadas. «Mariola desahucia niñas» y «Justicia 13-15» son algunos de los lemas que aparecen en los edificios municipales, en clara alusión a la alcaldesa, Mariola Vargas, y al polémico desalojo de un centenar de personas del inmueble número 13-15 de la calle Real ejecutado el pasado mes de febrero.
La regidora, en una entrevista concedida a SER Madrid Sierra, ha observado un detalle significativo sobre esos grafitis. «Ese lo he visto yo en una pancarta que me colocan los de la Asamblea de la Vivienda cuando me denunciaban, cuando la Oficina de Antiocupación, ¿se acuerdan? Que me denunciaban en los juzgados, hicieron una pancarta que las sacan habitualmente en sus manifestaciones y va con esa misma plantilla», ha manifestado Vargas. Ante estas declaraciones, la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha emitido un comunicado en el que niega rotundamente haber realizado las pintadas y asegura que desconocen quién puede estar detrás de las mismas.
Pero más allá de las pintadas, la alcaldesa ha aprovechado la entrevista para realizar unas revelaciones que cambian el relato de los últimos desalojos en el municipio, especialmente el de la calle Pardo de Santayana, ejecutado hace apenas 48 horas. Según Vargas, en ese inmueble los agentes encontraron indicios de que detrás de la ocupación hay una trama delictiva.
«Hay gente que no está de ocupa ilegal como tal, porque pagan una cantidad, al menos aportaban según la policía un documento en el que pagan 300 euros, 400 euros al mes por ocupar un, llamémoslo habitáculo», ha explicado la primera edil. Vargas ha insistido en que estos pagos se realizaban a «entidades que no existen, sociedades limitadas que no existen o en otros casos a otras personas anónimas».
La alcaldesa ha reflexionado en voz alta sobre si «no es una mafia el que gana dinero porque personas vivan a 300 o 400 euros en sitios absolutamente inseguros e insalubres». Y ha añadido: «Si la patada en la puerta son 300 euros, engancharse a la luz 200, tienen precio tasado. Eso no se puede hacer, es un delito pero es todavía más delincuente el que se aprovecha de personas vulnerables, porque lo son».
En cuanto al perfil de los residentes en ese último edificio desalojado, Vargas ha precisado que «solo una familia ha ido a servicios sociales y tenía expediente previamente. El resto, que hemos preguntado, eran varones adultos solos con su puesto de trabajo y todos han declinado ir porque todos tienen trabajo».
La regidora ha querido lanzar un mensaje de continuidad en su política de desalojos: «Esto no va a parar, que no pongan muy lejos los sprays y que no guarden las plantillas, porque esto va a continuar». Ha anunciado que pondrá estos hechos «en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad» porque «la auténtica plaga son estas mafias que viven de engañar a gente».
Finalmente, Vargas ha hecho un llamamiento a las víctimas para que denuncien y ha aprovechado para pedir al Gobierno central que asuma su responsabilidad en materia de vivienda: «El señor Pedro Sánchez, que escucha mucho esta emisora, por favor póngase a trabajar y haga viviendas para los vecinos de Collado Villalba, que quieren quedarse en su pueblo a vivir en condiciones dignas y salubres con sus familias».