Las acusaciones populares en el caso Ana Millán registran sus recursos para impedir el archivo de la causa

Madrid

Existían cuatro delitos de corrupción que según la titular del juzgado de Navalcarnero ahora ya no existen. Y es en esta decisión del archivo en la que se centran ambas acusaciones populares para solicitar la revocación de esa resolución y proseguir la investigación contra Ana Millán.

Por lo pronto, esa jueza fue la misma que solicitó hace meses una prórroga del periodo de investigación y después dicta el archivo. No es lógico solicitar más tiempo y después decidir ese archivo sin practicar antes interrogatorios que ella misma había fijado.

Dicen ambos recursos que hay 50.000 euros recibidos presuntamente por la numero 3 del PP madrileño que tienen origen desconocido, dicen ambos recursos, que el piso de Millán en Arroyomolinos alquilado al empresario que recibió 9 contratos de ese ayuntamiento tampoco ha sido investigado cuando este empresario luego lo subarrendó a un tercero, trabajador por cierto de sus compañías o el contrato de la hermana de Millán de 88.000 euros al año en las empresas adjudicatarias.

Pero además es que estos indicios, más que claros para ambas acusaciones, no pueden quedar archivados sin antes proceder a que se celebre el juicio correspondiente.

Es el seno de la vista oral y pública donde las pruebas de cualquier procedimiento penal tienen que ser valoradas por una sala de 3 magistrados que serán los que dicten sentencia condenatoria o absolutoria.

No es función de una jueza de instrucción valorar esos datos. De eso se encarga en el juicio la Audiencia Provincial de Madrid. Por todo ello se solicita que la investigación continúe como diligencias previas hasta su transformación en procedimiento abreviado.