Dudas sobre la legitimidad del Gobierno de El Boalo, Cerceda y Mataelpino: la oposición exige un informe jurídico

Boalo-Cerceda-Mataelpino

El Partido Popular, Somos Pueblo y Vox han solicitado al secretario del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino que aclare mediante un informe jurídico la legalidad del actual gobierno municipal, surgido tras la moción de censura del pasado 12 de noviembre.

El escrito, presentado de forma conjunta, pone el foco en la situación de la alcaldesa, Soledad Ávila, y de los concejales socialistas, ante las informaciones que apuntan a su expulsión del PSOE.

Los grupos consideran que, de confirmarse esa circunstancia, los ediles pasarían a ser no adscritos, lo que implicaría limitaciones legales relevantes. “Al ser concejales no adscritos no podrían ocupar cargos como la alcaldía o las tenencias de alcaldía y, lo más importante, no pueden formar parte de los órganos colegiados del gobierno municipal”, ha señalado la portavoz de Somos Pueblo, Olga Romero.

Desde el Partido Popular, su portavoz, Sergio Sánchez Yunquera, ha advertido de una posible irregularidad en la interpretación de la norma: “Creemos que se ha producido un fraude al retorcer la ley a sabiendas de que se les abrió un expediente de expulsión antes de realizar la moción de censura y que ahora sabemos que se materializó dicha expulsión unos días después. La ley es muy clara en los supuestos de expulsión, transfugismo y condiciones de los concejales no adscritos”.

Por su parte, Vox ha reclamado una respuesta inmediata del secretario municipal y ha asegurado que la propia alcaldesa le trasladó esa información: “Un ayuntamiento que está totalmente gobernado por una alcaldesa que (…) me reconoció personalmente que estaba expulsada”, ha señalado su portavoz, José Miguel González.

En este contexto, la oposición ha pedido que se fije un criterio jurídico que permita despejar las dudas existentes sobre la legalidad del actual ejecutivo.

Durante el pleno celebrado este jueves, la alcaldesa defendió que no está expulsada del Partido Socialista, mientras que desde el propio PSOE sostienen lo contrario.

Soledad Ávila no ha realizado declaraciones a SER Madrid Sierra.

A la espera de ese informe, la situación continúa sin una respuesta jurídica clara, en un escenario en el que la interpretación de la normativa resulta clave para determinar la validez del actual gobierno municipal.