Un exfuncionario de prisiones de Valdemoro recurre a la Fiscalía para que investigue su falsa detención en 2021

Valdemoro

El funcionario del Centro Penitenciario Madrid III de Valdemoro, ahora jubilado, ha pedido a la Fiscalía Superior de Justicia de Madrid que investigue su causa, que ya desestimó la Fiscalía de Getafe-Leganés en marzo de este año, según informa el diario digital moncloa.com. Esta persona estuvo junto con otros dos compañeros encarcelado en la prisión de Extremera (Madrid VII) durante cuatro meses y medio en 2021, por acusaciones de traficar con drogas en la prisión, algo que finalmente se demostró que era falso. Tras esto, interpuso una denuncia contra los agentes de la Benemérita que le acusaron, pero fue archivada. Ahora pretende que el caso se investigue alegando otros motivos.

El atestado de la Guardia Civil indicaba a presos que presuntamente habían señalado al funcionario por traficar con droga, lo que provocó su ingreso en prisión durante unos meses. Sin embargo, estos reclusos rectificaron sus declaraciones ante la juez instructora de la causa. El denunciante también hizo referencia al director de la prisión por haberlo señalado falsamente ante la Benemérita. Finalmente, el funcionario denunció a cuatro agentes de la Guardia Civil por un presunto delito de detención ilegal, aunque la denuncia se archivó a principios de este mes de marzo.

Reactivar la denuncia

El trabajador ahora argumenta contradicciones entre el informe pericial y el atestado de la Guardia Civil por lo que considera que “el decreto de archivo pudiera haber partido de una interpretación incompleta del objeto real de la denuncia”, lo que considera justificaría “una reconsideración”, para valorar si los hechos denunciados por él pudieran ser constitutivos de “un supuesto distinto del ya examinado en anteriores procedimientos”, según escrito al que ha tenido acceso el citado diario.

La detención del funcionario y de dos compañeros se produjo en mayo de 2021 en el marco de la operación Orión Madrid, contra el tráfico de drogas. En el caso fueron cuatro los acusados, aunque uno de ellos pudo demostrar que cuando sucedieron los hechos que le imputaban estaba de baja médica y no había ido a trabajar. Los otros dos trabajadores, junto con el denunciante, fueron encarcelados hasta que la juez tomó declaración a los presos de la cárcel que aparecían en el informe de la Guardia Civil, quienes se desdijeron de lo asegurado anteriormente, con lo que la causa contra los funcionarios terminó siendo archivada un año después, en mayo de 2022.