Vecinos de casas vendidas por la Iglesia a un fondo buitre denuncian presiones para no pedir la prórroga del alquiler

Madrid

Vecinos del centro de Madrid, cuyas viviendas fueron vendidas por la Iglesia a un fondo buitre, denuncian estar recibiendo presiones para que no se acojan a la prórroga de sus contratos de alquiler incluida en el real decreto de vivienda aprobado por el Gobierno central.

La batalla de estos inquilinos por permanecer en sus casas viene de lejos. Hace años, Fusara —una fundación vinculada al Arzobispado de Madrid— vendió de forma extrajudicial 13 inmuebles del centro a un fondo de inversión. Este verano, ese fondo, Tapiamar, traspasó las viviendas a otra empresa y, según los vecinos, los nuevos propietarios están intimidándoles para que no soliciten los dos años adicionales de prórroga contemplados en la normativa.

"Nuestros vecinos mayores han fallecido con la angustia de un día tener que abandonar sus casas. Creo que es uno de los mayores escándalos de la Iglesia española", advierte Jesús Manrique, uno de los vecinos afectados.

Unos 200 hogares, quizá menos porque algunos vecinos han sucumbido a las presiones de los fondos, se enfrentan a la posibilidad de ser expulsados de sus viviendas. El procedimiento, explican, es similar al de otros casos: reciben un burofax en el que se les comunica que sus contratos no serán renovados. Pero ahora, tras la aprobación de la prórroga, aseguran estar recibiendo amenazas y advertencias para que ni siquiera intenten acogerse a ese derecho que ha blindado el propio Ministerio de Consumo alertando a varias inmobiliarias y grandes tenedores.

"La persona que llama primero nos dice que vamos a tener que irnos, que van a hacer obras y demás...y en cuanto ponemos algún impedimento, se presenta como abogado y empieza a hablarnos de que el real decreto no nos va a proteger en ninguno de los casos y que la única opción que tenemos es ir abandonando los pisos", asegura Piedad, otra de las inquilinas. "Te puedes imaginar el caos personal y la angustia que nos está creando", señala.

Desde Más Madrid, la concejala Lucía Lois denuncia que se trata de una nueva manifestación de acoso inmobiliario y critica la falta de posicionamiento del Ayuntamiento. "Esta práctica, además de intimidatoria, falta a la verdad ya que la prórroga está en vigor y es lo que va a permitir a estas inquilinas permanecer dos años más en las que son sus casas y por las que llevan tanto tiempo peleando. Por suerte, estas vecinas llevan años luchando y defendiendo su derecho a permanecer en sus viviendas junto con el Sindicato de Inquilinas ante el abandono total del Ayuntamiento de Almeida a sus ciudadanos" confirma la concejala municipal.

Además de las llamadas y correos intimidatorios, los vecinos denuncian también la presencia recurrente de representantes de los inversores en los rellanos de sus edificios merodeando e, incluso, forzando las cerraduras de los pisos vacíos.