Las dificultades de los migrantes para acceder a la sanidad pública en Madrid

Madrid

Un total de 1.965 personas sufrieron 5.412 "barreras" de acceso a la sanidad pública en la Comunidad de Madrid en 2025, principalmente vinculadas a la falta de empadronamiento y a los retrasos en las unidades de tramitación. Discriminatorias, económicas, informativas... Adversidades que alejan y dificultan a los migrantes en situación de vulnerabilidad el acceso a la sanidad púiblica.

Son datos extarídos del II Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud en Poblaciones Vulnerabilizadas que ha presentado este martes la Red Madrileña de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), elaborado con Hogar Sí, Médicos del Mundo, Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR), entre otros.

Damian Kirchhofer, vocal en Madrid de Médicos del Mundo, detalla que la barrera más probablemente es la falta de empadronamiento es la que más afecta porque muchos "no pueden tener un contrato de alquiler, por ejemplo, y el empadronamiento en Madrid es obligatorio para acceder al sistema sanitario".

"Nosotros vemos a personas que no pueden acceder al sistema sanitario antes de los seis meses hasta los nueve meses", afirma. El sector sanitario señala a las políticas de la Comunidad como causantes de muchas de estas barreras y la frustración que genera en la profesión el no ser conscientes muchas veces de este problema.

Daniel García, médico de la Asociación Madrileña de Medicina de Familia, explica que en muchos caso no son conscientes de este problema, y que tienen muchas dificultades para abordarlo, cuando su máxima es ayudar y dar servicio.

"No nos damos cuenta porque no llegan a las consultas. La sensación que tenemos es que atendemos a todo el mundo que llega", reconoce. Por otro lado, opina que "la política de la Comunidad de Madrid de dificultar el acceso al sistema sanitario con la bandera de evitar el turismo sanitario" impide llevar a cabo este seguimiento, y exige a la Consejería de Sanidad que revierta las medidas regresivas adoptadas en los últimos años y que vulneran el acceso al derecho a la salud de la población migrante.