El Gobierno de Ayuso concede a Quirón un nuevo contrato público: más de 120 millones por gestionar el Laboratorio Clínico Central
El portavoz del Gobierno madrileño asegura que se trata de una decisión técnica porque su oferta era la mejor
Isabel Díaz Ayuso durante su visita al centro de salud de Parla Este. / Comunidad de Madrid.
Madrid
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la adjudicación del nuevo contrato de servicios del Laboratorio Clínico Central, que presta servicio a 1,4 millones de usuarios de los hospitales públicos del Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Infanta Leonor, en la capital; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes -donde se ubica el propio Laboratorio Central-; Sureste, en Arganda del Rey; y Tajo, en Aranjuez.
El contrato, dotado de más de 120 millones de euros para los próximos seis años, ha sido adjudicado a una filial del Grupo Quirón. Hasta ahora, el Laboratorio Clínico estaba gestionado por Ribera Salud.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel Ángel García se ha limitado a anunciar el acuerdo, sin detallar que el contrato iba a manos del Grupo Quirón. A preguntas de Radio Madrid, lo ha confirmado justificando que es la Mesa de Contratación quien decide qué empresas son adjudicatarias de contratos públicos. “Igual la izquierda está acostumbrada a decidir a quién se le puede adjudicar o no”, ha asegurado el portavoz del Gobierno madrileño.
Posibles despidos
La posibilidad de que Quirón fuera la adjudicataria de este contrato llevaba mucho tiempo sobre la mesa. De hecho, UGT ya había advertido del posible despido de 249 trabajadores que actualmente desempeñan su labor en el laboratorio de diagnóstico.
Según la organización sindical, Quirón no tiene intención de subrogar los contratos de trabajo actuales y estudiaba la contratación de nuevos profesionales en el caso de que, como así ha sido, se le adjudicara el nuevo contrato.
Desde la Consejería aclaran que la subrogación o no de los trabajadores corresponde a la empresa y no a la Comunidad.
