Las clínicas acreditadas para practicar abortos no tienen convenio con la Comunidad de Madrid

Madrid

El PSOE de Madrid reclama al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso un convenio que garantice que se cumplen unas condiciones mínimas para la interrupción voluntaria del embarazo en las clínicas acreditadas para ello. Algo que —aseguran— beneficiaría tanto a las trabajadoras, como a las usuarias.

Desde el grupo parlamentario señalan que, como ocurre con otras prestaciones sanitarias, el aborto en la Comunidad de Madrid debería estar regulado mediante un acuerdo que garantice unas condiciones mínimas. La diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, ha sido especialmente crítica con la falta de un marco común en la contratación del servicio que dote estabilidad al sector: “Es de una irresponsabilidad total por parte de Ayuso negarles a las clínicas IVE una licitación pública, un contrato en el que se fijen las condiciones mínimas que den garantías tanto a los profesionales, como estabilidad a las usuarias".

En Andalucía, por ejemplo, disponen de un Acuerdo Marco para la contratación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que no supere las 14 semanas de gestación y no implique alto riesgo para la embarazada.

Contratos menores con las clínicas

En lugar de crear ese convenio, el Gobierno madrileño recurre, según denuncian los socialistas, a contratos menores a través de los hospitales de la región para derivar estos procedimientos a las clínicas acreditadas. Desde el 1 de enero de 2025 se han firmado más de 470 contratos de este tipo, una fórmula que, aseguran, genera inseguridad y provoca retrasos en los pagos. Los socialistas creen, además, que es una práctica de fraccionamiento de pagos y que, incluso, podría estar incurriendo en fraude de ley.

Advierte la diputada que la falta de un proceso público y transparente genera inseguridad jurídica, así como retrasos en los pagos: las clínicas pueden tardar hasta un año en recibir la retribución por los servicios prestados- y que las tarifas llevan años congeladas.

"Las clínicas IVE que son las que están permitiendo a las madrileñas acceder a su derecho al aborto en Madrid están al límite porque lleva más de 20 años sin actualizarse la tarifa", señala Morales. "Qué diferente sería esta situación si esto supusiera un gran negocio con Quirón para la señora Ayuso".

Además, denuncian que las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo en Madrid son las que menos cobran por la prestación de este servicio sanitario en comparación con otras comunidades autónomas. Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, se limitan a asegurar que el aborto está garantizado en la Comunidad de Madrid.