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Vecinos de Alcorcón rechazan el tanatorio-crematorio de Urtinsa mientras el Ayuntamiento revisa el expediente

La presión vecinal lleva al Ayuntamiento a reabrir el expediente para buscar soluciones pese a contar con informes favorables de la Comunidad de Madrid

Varios ataúdes en un pasillo de un tanatorio

Varios ataúdes en un pasillo de un tanatorio / Ricardo Rubio - Europa Press (EUROPA PRESS)

Varios ataúdes en un pasillo de un tanatorio

Alcorcón

Vecinos de Alcorcón han iniciado una recogida de firmas contra la construcción de un tanatorio-crematorio en la calle Industrias, en un polígono situado a tan solo 350 metros de viviendas, en el número 19 de la calle Industrias.

La licencia fue aprobada el pasado 10 de marzo en Junta de Gobierno y ha generado una fuerte preocupación en el entorno. Los residentes aseguran que no están dispuestos a asumir riesgos para la salud y advierten del posible impacto por contaminación y ruido.

La instalación se ubicaría en una zona muy transitada, junto a comercios, un gimnasio y un hotel, y a pocos minutos de viviendas, un polideportivo, una residencia de mayores y la estación de Metro Puerta del Sur.

La recogida de firmas, tanto presencial como a través de internet, ya suma más de 1.700 apoyos.

En paralelo, el Consistorio ha querido precisar que “no es promotor ni constructor” de esta instalación, recordando que se trata de una iniciativa privada y que la actividad funeraria está liberalizada desde 1996. En este sentido, subraya que su función se limita a tramitar un procedimiento “reglado”, sin margen para valoraciones subjetivas.

Además, el Ayuntamiento explica que, al situarse la parcela a menos de 500 metros de zona residencial, el expediente fue remitido a la Comunidad de Madrid, cuyos informes. emitidos por las Direcciones Generales de Salud Pública y Transición Energética, fueron favorables.

Desde el Gobierno local recalcan que están obligados por ley a conceder la licencia si cumple los requisitos, advirtiendo de que negarla podría suponer un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal.

No obstante, ante la presión vecinal, el Ayuntamiento ha anunciado la reapertura del expediente para analizar “todos los detalles” y estudiar si existe margen para encontrar una solución antes de volver a remitirlo a la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo municipal también ha aprovechado para criticar el marco normativo regional, señalando que este caso evidencia “el bajo control y capacidad de los ayuntamientos en el ámbito urbanístico” bajo el modelo de la Comunidad de Madrid.

 

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