Bravo: "No indiqué en ningún momento que Mónica Oltra debería dimitir, lo único que hice fue manifestar una opinión personal"

València

Gabriela Bravo ha asegurado que sus palabras sobre la situación judicial de Mónica Oltra se han sacado de contexto. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública ha explicado este jueves que ella se refirió a una situación hipotética sin mandar "ningún mensaje" a nadie.

La consellera ha expresado, al ser preguntada por las valoraciones de dirigentes políticos, como el alcalde de València, Joan Ribó, o la secretaria general de Més y coportavoz de Compromís, Águeda Micó, que lamenta haber sido "objeto de unas críticas masivas que, en algunos aspectos, tenían unos sesgos muy machistas".

La consellera se ha expresado en estos términos durante el acto de presentación del modelo de Ordenanza Municipal Abolicionista.

Bravo insta a los ayuntamientos a multar con hasta 3.000 euros a los prostituidores

La consellera de Justicia ha instado a los municipios a adoptar el modelo de Ordenanza Municipal Abolicionista elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que protege a las mujeres y multa con hasta 3.000 euros a quienes demanden sexo pagado, así como a los intermediadores y los locales donde se ejerza esta "forma de violencia de género".

La consellera ha presentado este jueves el modelo de ordenanza junto al alcalde del municipio, Carlos Fernández, al presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, y a una veintena de alcaldes de toda la Comunitat Valenciana, según informa la Generalitat en un comunicado.

En declaraciones a los medios, Bravo ha calificado este día de "histórico" ya que los ayuntamientos cuentan con un instrumento que permite plasmar "lo que tiene que ser una sociedad decente, que pasa por abolir la prostitución". A su juicio, es un paso "muy importante". Con esta ordenanza, considera que se pasa de considerar a la prostitución como un "problema de orden público", como está vigente en muchos municipios, a verla como un problema de derechos humanos que hay obligación de erradicar.

Bravo se ha mostrado segura de que se sumarán muchos consistorios y que supondrá dar el mensaje al Gobierno central de que debe dar "un paso adelante" para alcanzar este objetivo.