Alicante

Lemas como "Defendamos todos la Huerta de Europa", "Sin agua en el levante: desierto y paro" o "No al arranque de árboles" abundaban entre los alrededor de 1.300 regantes del Tajo-Segura que se han dado cita en la céntrica Plaza de la Montañeta, ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante, donde más tarde han hecho entrega de sendos escritos con destino a dos ministerios: el de Agricultura y el de Transición Ecológica.

La concentración, convocada por ASAJA-Alicante, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto del Tajo-Segura (SCRATS) y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, buscaba que se replanteen las modificaciones previstas en el Plan del Tajo. Entre ellas se contempla el aumento del caudal ecológico del Tajo, que conllevaría una reducción de 105 hectómetros cúbicos del agua a trasvasar anualmente. La intención es incrementar el caudal ecológico del río hasta los 8,5 hectómetros por segundo a partir del año 2028.

Todos coinciden: el agua desalada "tiene un precio que los agricultores no podemos pagar", y el recorte del Tajo-Segura será la muerte de la agricultura levantina.

Domingo es un agricultor de Albatera que ha tenido que arrancar muchos de sus naranjos:

Sus representantes, Josep Vicent Andreu, desde ASAJA, y Lucas Jiménez, del Sindicato Central Regantes del acueducto Tajo Segura, SCRATS, insistían en que lo que se pide es de justicia, en que "estamos a tiempo" y que en ningún otro punto del país se han elevado caudales ecológicos, al tiempo que arremetían contra el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page.

Sostienen que el agua desalada es "cara" y "altamente contaminante", ya que al ser "gran consumidora de energía, también lo es de emisiones de CO2" y que ahora mismo tienen que competir con todos los agricultores del mundo y no pueden "con estos precios".

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Todos los partidos políticos en la foto

En su defensa han salido políticos de todos los colores -PSPV, Compromís, PP, Ciudadanos y Vox-, reclamando una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo y que insisten en acudir a los tribunales para hacer entrar en razón al gobierno central.

Mireia Mollà, consellera de Agricultura, insiste en que queda margen de negociación, pero en que la reivindicación "es justa" y avalada por los técnicos y si el gobierno no reconsidera su postura, "acabaremos en los tribunales".

La actual síndica del PSPV en les Corts y hasta ayer consellera de Sanitat, la alicantina Ana Barceló, ha incidido en que el Tajo-Segura es un trasvase "irrenunciable" para el gobierno del Botànic.

Otros miembros del Gobierno valenciano: la nueva consellera de Innovación, Josefina Bueno, o el secretario autonómico de Agricultura también han participado.

Como también el presidente de la Diputación, y líder de los populares en la Comunitat, Carlos Mazón, que flaqueado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, le pedía al president Puig, a quien echaba en falta en la protesta, "que pierda el miedo y se enfrente a su propio partido si es necesario".

Por su parte, Ruth Merino, síndica de Ciudadanos en les Corts, propone un pacto nacional del agua para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los españoles.

Ana Vega, la síndica de Vox, también ha estado presente en la protesta.

Y desde Valencia, el president Ximo Puig, ha vuelo a insistir en que la defensa del trasvase del Consell se hace desde el rigor y desde la máxima de alcanzar un acuerdo; un diálogo que pase por que los regantes tengan agua de calidad y asequible "para siempre". Mientras tanto, asegura, no permitirán decisiones que no cuentan con respaldo técnico.

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La modificación del trasvase está aún pendiente de pasar por el Consejo Nacional del Agua y por el Consejo de Ministros.