Tribunales

Una acusación popular de Imelsa pide al juez el ingreso en prisión del 'yonki del dinero' por riesgo de fuga

El abogado de Benavent, tras la solicitud: "Quien así actúa se sitúa en la línea de los estados totalitarios como medida coercitiva"

La Audiencia de Valencia comienza a juzgar al autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent / Biel Aliño (EFE)

València

Acción Cívica contra la Corrupción, acusación popular en el caso Imelsa, ha solicitado el ingreso en prisión del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', al apreciar riesgo de fuga. Así consta en el escrito que ha remitido la acusación al Juzgado de Instrucción número 18 de València, encargado de investigar el caso Imelsa. Una de las piezas del procedimiento, la de Thematica, que suma nueve acusados, entre ellos el propio Benavent, está siendo juzgada en la Audiencia de Valencia.

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En concreto, Acción Cívica ha solicitado en su escrito, consultado por Europa Press, que convoque audiencia para decretar la prisión provisional de Benavent, quien cambió su versión de los hechos el pasado mes de octubre, cuando aseguró que las grabaciones que originaron la causa fueron manipuladas por él y por su exsuegro, Mariano López. Benavent ratificó esta última versión en el juicio, con lo que su nuevo letrado, Juan Carlos Navarro, ha solicitado la nulidad de las mismas en el trámite de cuestiones previas.

Ante esta nueva situación, en la que Benavent ha dejado de colaborar con la justicia, la acusación popular reclama como medida cautelar el ingreso en prisión del acusado, tal y como contempla la ley, al atribuírsele hechos delictivos sancionados con pena igual o superior a dos años de prisión. La parte considera que hay riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento del proceso.

Al respecto, la acusación ha recordado que Benavent sigue sin facilitar al juzgado su actual domicilio, ya que en el último requerimiento trasladó el de su letrado y apoderado procesal. "Que esto sea aceptado por el juzgado, sorprende a esta parte, puesto que a pesar de que en la pieza principal aún no se ha llegado a la fase de juicio oral, el investigado se niega a facilitar su domicilio", ha afirmado.

A ello se suma, según la misma parte, que Benavent carece de arraigo familiar, puesto que no tiene ni pareja ni descendientes, así como tampoco cargas familiares. Su arraigo laboral también es "nulo", ha apostillado.

Por contra, el investigado sí mantiene contactos y relaciones con el extranjero: "No olvidemos que, a finales de 2014, una vez trascendió la investigación, se marchó a Ecuador, donde permaneció más de un mes tratando de entrar a Brasil, trasladándose desde allí a Japón y después a Holanda antes de volver a España", ha recordado.

"Entorpecimiento del proceso"

Por otro lado, respecto del entorpecimiento del proceso que alega Acción Cívica, se alude a la intención de Benavent de alterar una de las "mayores y más relevantes" fuentes de prueba para el enjuiciamiento de los hechos investigados con la afirmación de que manipuló las grabaciones aportadas a la causa.

"El investigado está demostrando en esta nueva vertiente que posee capacidad suficiente para influir sobre otros investigados y testigos", ha agregado.

Como conclusión, Acción Cívica considera que la actual coyuntura del procedimiento exige por sí misma ser valorada por el instructor mediante un examen "detallado, necesario y pertinente" de los actuales condicionamientos para asegurar, mediante la medida cautelar solicitada, el "correcto" enjuiciamiento de los hechos delictivos.

"Al margen de la doctrina"

Frente a esta solicitud, la defensa de Benavent ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que quien hace esta petición "se sitúa al margen de la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al principio pro libertis". Ha añadido que "la petición se debe fundamentalmente a la reacción de un acusado que reivindica la investigación sobre la injerencia de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Quien así actúa se sitúa en la línea de los estados totalitarios o estados policiales como medida coercitiva cuando se trata de averiguar lo que ha ocurrido", ha apostillado.

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