La Federación de Vecinos advierte que la nueva ordenanza de viviendas en la que trabaja el Ayuntamiento imposibilitará perseguir los pisos turísticos
La presidenta de la Federación de Vecinos de València, María José Broseta, no entiende cómo desde las distintas administraciones se siguen anunciando medidas que precisamente incentivan esta oferta y propician la desregulación del sector

Piso reconvertido en alojamiento turístico / Rafael Troyano

València
Alarma en el movimiento vecinal ante la pasividad del Ayuntamiento de València frente a la actividad ilegal de las viviendas de uso turístico sin licencia. La presidenta de la Federación de Vecinos de València, María José Broseta, no entiende cómo desde las distintas administraciones se siguen anunciando medidas que precisamente incentivan esta oferta y propician la desregulación del sector.
Los vecinos consideran que la nueva ordenanza en la que trabaja el Ayuntamiento para ordenar la actividad de los pisos turísticos hará imposible perseguir a los establecimientos ilegales. En el plan de normas que tiene previsto aprobar el Ayuntamiento este año está esa Ordenanza reguladora del Control de Viviendas de Uso Turístico que, según la Federación de Vecinos, servirá más bien para todo lo contrario, pues permitirá extender las viviendas turísticas a cualquier comunidad de vecinos. Algo surrealista para la dirigente vecinal, María José Broseta, que asegura que, si se da luz verde a la nueva norma, cualquier propietario podrá alquilar unos días al año la casa en la que vive a unos desconocidos.
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La Federación de Vecinos defiende que lo que se va a hacer es desregularizar más el sector
La creación de este supuesto, el alquiler ocasional, hará imposible perseguir la actividad de los centenares de apartamentos turísticos ilegales que hay en la ciudad, sobre todo porque el Ayuntamiento carece actualmente de los medios para inspeccionar o sancionar que la actividad de un piso turístico sea ocasional o no.
Broseta recuerda que el Ayuntamiento abrió hace unos días unos 20 expedientes sancionadores a apartamentos ilegales, una cifra pírrica porque en la ciudad hay unos cuatro mil apartamentos funcionando sin licencia, algo que está teniendo un fuerte impacto en la subida del precio de los alquileres, en la no renovación de muchos contratos, incluso en desahucios como los sufridos el año pasado con las ventas de edificios de la calle Túria o en la calle Cajeros.




