Jorge Rodríguez niega haber recomendado a nadie para ocupar cargos de dirección en Divalterra

València

El expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha negado este lunes ante la Audiencia de Valencia, donde ha acudido como acusado en el caso Alquería, haber colocado a ningún alto cargo a dedo en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa: "Si hubiéramos tenido una intención partidista de colocar a gente, teníamos diez plazas de asesores por cubrir. Solo había un objetivo: demostrar que en la Diputación y en la empresa pública se pueden hacer las cosas de otra manera". La Audiencia Provincial investiga a Rodríguez y a trece personas más por haber contratado presuntamente de manera irregular a personas afines al PSPV y Compromís en puestos de alta dirección de la compañía, ya extinta.

Rodríguez ha sido el primero de los acusados en declarar y ha asegurado que cuando él llegó a la presidencia de Divalterra desconocía cómo funcionaban las empresas públicas. Según ha manifestado, fue José Luis Vera, en aquel momento responsable jurídico de Divalterra, quien le habló por primera vez de los contratos de alta dirección.

El expresidente solo ha respondido a las preguntas de su defensa y del tribunal y ha asegurado que sabían, cuando desembarcaron en Imelsa, que en legislaturas anteriores "sí que había existido la figura de los asesores", pero querían "romper con la imagen" que había sobre la compañía, vinculada a la corrupción por el caso Taula.

Según ha defendido, quitaron la figura de asesor en la empresa, pero ese cargo sí existía en la Diputacion. Al respecto, Rodríguez ha destacado que cuando él cesó al frente de la Diputación había vacantes de asesoría: "Cuando yo dejo la Diputación de Valencia hay diez plazas de asesores que están por cubrir. Por tanto, si en algún momento hubiéramos tenido un afán... pero no había ningún objetivo de colocar a nadie".

Durante su intervención, que se ha prolongado durante más de dos horas, Rodríguez también ha manifestado sobre los denunciantes José Luis Pellicer y José Luis Castellote que ellos sí fueron puestos a dedo y ha atribuido la denuncia que abrió el caso a un intento de evitar su despido.

Ha asegurado que comenzaron a tener conocimiento de que ambos recibían unas nóminas VIP y formaban parte del núcleo duro de Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero: "Todas estas informaciones nos generaron una gran desconfianza, la manifestamos y (los trabajadores) se plantearon que si denunciaban no iban a ser despedidos", ha apuntado.

Por su parte, Vicente Ibor, abogado del PP que ejerce la acusación popular, ha defendido a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València que Rodríguez "no se ampara en ningún informe" para decir eso: "Lo ha dicho en su defensa como es legítimo, pero un acusado puede mentir sin ningún problema en su declaración y creo que es lo que ha hecho".

Rodríguez ha acudido acompañado de su familia y ha reiterado que cuando entraron en Imelsa la empresa era "un enfermo terminal que necesitaba un equipo de cuidados intensivos" y atravesaban "una época oscura". La Fiscalía pide para él ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, la defensa argumenta que solo hay un problema de índole administrativo.

El Tribunal rechaza dejar las declaraciones de los acusados para el final

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha denegado este lunes que los acusados del caso Alquería declaren al final del juicio como habían solicitado sus abogados y a lo que se había opuesto el fiscal Anticorrupción. El Tribunal, en auto de cuestiones previas, ha mostrado su "perplejidad por una pretensión incongruente con el calendario convenido con todas las partes" en enero de 2022.

Según exponen en el texto los magistrados, el ministerio Fiscal y las acusaciones populares se interesaron porque la práctica de la prueba comenzara con el interrogatorio de los acusados y también lo hicieron las defensas: "Pero se da la circunstancia, además, de que todas las defensas, sin excepción, solicitaron en sus escritos de conclusiones, la práctica de la prueba en ese mismo orden".

Asimismo, ha rechazado la absolución de los acusados y retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción, como también habían pedido los letrados al considerar que se habían mermados sus derechos de defensa.