Entidades y beneficiarios del IMV reconocen problemas para acceder a la prestación dos años después de su puesta en marcha

València

"A veces en la vida estamos para ayudar y otras para permitir que nos ayuden". Es la reflexión de Sara, nombre ficticio, perceptora del Ingreso Mínimo Vital. La prestación se aprobó a mediados de 2020 pero, casi dos años y medio después, el número de familias beneficiarias apenas alcanza el 60% del previsto inicialmente. A nivel nacional la ayuda llega a algo más de 500.000 hogares, pero se esperaba que llegara a 850.000. ¿A qué se debe este descuadre en las cifras? Según las personas beneficiarias y las entidades que dan apoyo informativo, como Cáritas, a falta de información o a la brecha digital.

Sara tiene 38 años, es la madre de dos hijos, una niña y un niño de 8 y 6 años, y es venezolana. Llegó a España con ellos hace cuatro años. Al principio vivían con unos 800€ al mes y tenía dos trabajos. Ante esta situación, cuando se aprobó el IMV, intentó averiguar si tenía derecho a pedirlo: "Yo había buscado información por la situación y fui al simulador de la página de la Seguridad Social, cumplimenté el formulario y me decía que yo no podía pedir esa ayuda".

Entonces decidió acudir a Cáritas, le ayudaron a tramitar la documentación y el estado le concedió el IMV. Según Javier Mata, trabajador social de la entidad, la mayoría de quienes acuden a sus oficinas se encuentran con problemas para pedir una cita presencial en la Seguridad Social, sufren la brecha digital o carecen de información que les permita saber que tienen derecho a requerirla.

Dos de cada tres hogares beneficiarios están compuestos por mujeres según el Gobierno y en el 65% de ellos hay menores, son familias similares a la de Sara. Ella empezó a recibir el IMV hace cinco meses y, entre esa ayuda y su sueldo, ingresa cada mes unos 1.300€. Su margen de maniobra para hacer frente a imprevistos es muy escaso: "Entre gastos de alquiler, de servicios, gastos de los niños y comedor al mes igual tengo unos 100€ de margen". Pero, según explica, pocas veces puede ahorrar ese dinero porque luego los niños rompen el chándal y hay que comprarles otro o las zapatillas se les quedan pequeñas.

En Venezuela trabajaba de auditora, su situación económica era mejor, pero vino a España buscando seguridad. Al preguntarle a qué ha tenido que renunciar, manifiesta que intenta no pensar en eso porque "se desespera": "Pienso en lo que he logrado, ¿qué he logrado? Por ejemplo, ahora vengo al parque y puedo ver a mis hijos jugando tranquilos porque en mi país esto no se podía hacer".

Sin embargo, con la inflación, ha tenido que cambiar sus hábitos y ajustar todavía más sus cuentas: comprar más marca blanca o apurar un poco más la ropa.

Ante esta situación, desde Cáritas, Mata pide que se amplie la ayuda a más gente y se faciliten los procesos: "Hay que flexibilizar un poco los requisitos, atender a la particularidad de cada caso y también, por supuesto, aprobarla para las personas en situación irregular porque, quienes no tienen permiso de residencia desde hace al menos un año, no pueden recibir esta prestación".

El porcentaje de valencianos y valencianas que recibe el IMV sobre el total nacional es del 11,8%, una ayuda que quienes viven en la Comunitat pueden compatibilizar con la Renta Valenciana de Inclusió.