Archivada la denuncia del Partido Popular contra Marga Antón por las exhumaciones

Elche

El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche ha decidido archivar la denuncia que el Partido Popular presentó contra la concejala de Cultura, Marga Antón, al haberse realizado los trabajos de exhumaciones en el Cementerio Viejo sin la formalización de un contrato. En el auto concluyen que "no existen pruebas de que actuara con conocimiento de que lo estaba haciendo mal. Todo lo hacía según le decían y cuando se detectaron los errores los reconoció". Los populares decidieron presentar la demanda acusándola de prevaricación administrativa lo que llevo a Marga Antón a tener que acudir a la Ciudad de la Justicia de Elche el pasado mes de abril en calidad de investigada.

El Partido Popular justificó su denuncia asegurando que las exhumaciones no se paralizaron hasta el 21 de octubre cuando Antón tenía conocimiento de que no existía un contrato desde el mes de septiembre. Además, los populares indicaron que no se respetaron tampoco los plazos de alegaciones y el equipo técnico que elaboró el proyecto estaba formado por cinco miembros de la empresa que después fue la adjudicataria. En un primer momento, desde el gobierno municipal se cerraron filas en torno a la concejala calificando la actuación de "irregularidades adminsitrativas". Pero, en sus declaraciones, Marga Antón se defendió aclarando que ella es ingeniera agrónoma y que no sabía cómo funciona el Ayuntamiento ya que es nueva en política y no conocía la gestión del día a día de los contratos. Finalmente, se responsabilizó al arqueólogo municipal al que se le abrió un expediente disciplinario por haber sido el encargado de la puesta en marcha de los trabajos sin la formalización del contrato.

Supone un nuevo revés judicial para los populares que también vieron archivada, por parte de la Fiscalía Provincial de Alicante, la denuncia por presuntos fraccionamientos de contratos de gobierno municipal de PSOE y Compromís. Aun así, se puso de relevancia que se había detectado un "caos" en la adjudicación de algunos servicios, aunque no conllevaban responsabilidades penales o administrativas.