El obispo Munilla protesta frente a un "abortorio" en Alicante

Alicante

El obispo de Orihuela-Alicante ha publicitado en sus redes sociales una foto en la que aparece protestando frente a una clínica ginecológica que practica abortos en Alicante y con una pancarta en la que puede leerse "No estás sola, podemos ayudarte".

José Ignacio Munilla escenificaba así el miércoles en Alicante su apoyo a la campaña antiaborto de la ONG "40 días por la vida", donde hace once meses fue designado para hacerse cargo de la diócesis de Orihuela-Alicante.

Bajo el hashtag #TodosLosFielesDifuntos y una foto en la que también aparecen tres mujeres, un bebé y un hombre con idénticas pancartas, Munilla se presenta "orando ante un abortorio en Alicante". A continuación, añade: "Si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia".

En la diócesis donostiarra, su anterior destino, el prelado ya había protagonizado actos de este tipo y era conocido por sus críticas a los movimientos de defensa de los derechos LGTBI. De hecho, un tribunal vasco ya tomó medidas cautelares para que los antiabortistas no pudieran manifestarse a menos de 100 metros de las clínicas, para no interferir en el derecho a interrumpir el embarazo de las pacientes y de los trabajadores.

Compromís ya ha pedido al Gobierno que actúe contra el obispo por acosar clínicas abortivas. Es algo prohibido "taxativamente" por la ley, aseguran el edil Rafa Mas y el senador Carles Mulet, que ha trasladado al Gobierno una petición para actuar contra la conducta presuntamente delictiva de Munilla.

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Mulet se apoya en el artículo 172 de la Ley Orgánica 4/2022, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, que recoge en su primer punto que "el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días".

En un texto remitido al Gobierno pregunta además qué medidas va a tomar para instar a identificar y denunciar ante los tribunales "a estos presuntos delincuentes que se concentran contra una clínica para presuntamente amedrentar y coaccionar a mujeres". Y también qué hará el Gobierno "para que el cumplimiento de esta ley sea efectivo y se termine con estos acosos".