La AN confirma el procesamiento del exdelegado del Gobierno y exconsejero del PP en Valencia por el 'cártel del fuego'

València

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento de Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP, por el conocido como cártel del fuego, al que el juez instructor ha propuesto juzgar por los presuntos amaños en contratos para la extinción de incendios.

Así, los magistrados han rechazado un recurso de Castellano al considerar que las "maniobras" que se le atribuyen tienen la "apariencia de haber servido para realizar las alteraciones en los procesos de contratación y adjudicación investigados".

En un auto, la Sala recuerda que el juez instructor, al procesar a un total de 32 personas entre empresarios de la navegación aérea, autoridades o funcionarios, describió prácticas "con ánimo de lucro" para "alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública", corrompiendo mediante presuntos sobornos.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado 21 años de cárcel para el exdelegado del Gobierno y exconseller valenciano del PP en Gobernación y Justicia, que había recurrido pidiendo el archivo o, de forma alternativa, que se le tomara declaración por hechos que se le imputan pero que él dice que sobre ellos no se le ha preguntado.

A esto, los magistrados responden que esa petición es "improcedente": "Resulta que conoce los hechos que se le imputan y que es innecesaria la diligencia que interesa, pues estando todos estos expedientes a su disposición, no interesó volver a declarar y se opuso en varias ocasiones a la prórroga de la instrucción".

Regalos por 163.000 euros

En junio, el juez García Castellón explicó que los integrantes del 'cártel del fuego' habrían actuado indebidamente incrementando el gasto en favor de las personas y empresas concertadas, permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales, aprobando facturaciones o favoreciendo a determinadas personas y entidades.

Solo al ex alto cargo valenciano, y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, según concretó el juez y tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.

Los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concurrirían, en qué zonas de influencia y las sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas dentro del propio cártel.

García Castellón destacó que estos presuntos amaños se habrían producido no solo en España sino también en otros países, así como que en ocasiones habrían propiciado que algún concurso quedara desierto, generándose así un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad.

Y precisó que, según los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de AVIALSA --vinculada al investigado principal, Vicente Huerta Domínguez-- y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017 se concertaron contratos por un total de 151.585.386,22 euros.

La presunta corrupción de los funcionarios y autoridades intervinientes en estos procesos de contratación se hacía con la entrega de dádivas o regalos, lo que habría derivado en "una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector".

En concreto, según el juez, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunitat Valenciana y Cataluña, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con AVIALSA realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos como vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, los hechos podrían constituir delitos de cohecho, organización criminal, alteración de precios en concursos o contratación pública, falsedad documental, malversación de caudales públicos o prevaricación, entre otros.