Gabriela Bravo reclama las competencias de justicia para las comunidades autónomas

Valencia

Las comunidades autónomas deberían tener las competencias en materia de justicia. La petición la ha hecho la consellera del ramo de aquí, Gabriela Bravo, que hoy hacía balance de la gestión realizada a lo largo de las dos últimas legislaturas. Según Bravo, que se confiesa profundamente federalista, cuando se ha doblado la inversión, se han reforzado medios materiales y personales, cuando en la comunidad autónoma que más invierte ni los operadores jurídicos ni tampoco los ciudadanos están satisfechos es porque lo que falla es el modelo.

Un modelo que impide a las autonomías, que son las que pagan, organizarse en virtud de sus necesidades. El modelo viene impuesto y ni siquiera hay interlocutor al que dirigirse con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado desde hace años. Por todo eso reclama poder modernizar una maquinaria obsoleta que data de hace dos siglos.

En un desayuno con periodistas, Bravo ha indicado que no es posible que la justicia siga siendo criticada sistemáticamente por la sociedad y por todos los operadores cuando el número de asuntos ha descendido en España en dos millones entre 2015 y 2022, según datos del Consejo General del Poder Judicial. De ocho millones y medio a seis millones trescientos mil, un 26%. En el caso de la Comunitat Valenciana el número de asuntos, en el mismo periodo, aún ha bajado porcentualmente algo más, un 28%, de 930.000 a casi 670.000.

En esas condiciones, ha explicado Bravo, y con la inversión realizada: en la Comunitat Valenciana entre 2015 y 2022 se ha doblado la inversión que este año roza los 500 millones de euros. Un presupuesto con el que, según ha dicho, busca profundizar en el trabajo ya realizado en materias como la violencia de género. La Comunitat Valenciana es la única que tiene una red de oficinas de atención a las víctimas del delito que ahora también van a contar con unidades itinerantes. Es la única, ha presumido Bravo, que cuenta con las unidades de valoración integral forense que pidió el ministerio y que ninguna otra autonomía tiene. Es la única comunidad autónoma, ha subrayado también, que paga los gastos de desplazamiento de las víctimas.

También ha presumido de que aquí es donde mejor se paga al turno de oficio y donde a más gente alcanza la justicia gratuita. Y ha presumido de los avances realizados en infraestructuras judiciales, en su reforma, remodelación y en la construcción de nuevas donde hace falta. También en este capítulo ha lanzado una crítica. En este caso a los colegios profesionales implicados a los que ha reclamado que reconozcan que la situación ha mejorado mucho siempre de la mano de esos mismos colegios.

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En materia de infraestructuras judiciales, Bravo ha explicado que los últimos siete años han sido para adecentar y adecuar lo que había y sentar las bases de una mejora de la que ha puesto como buque insignia la Ciudad de la Justicia de Valencia, "el edificio judicial más eficiente de España", ha dicho, gracias a una inversión de ocho millones de euros que ha cambiado todos los sistemas de calefacción, aire acondicionado e iluminación.

Para el año que viene la conselleria de Bravo cuenta con casi 90 millones para sedes judiciales en Alicante (sistemáticamente postergada por el PP ha denunciado Bravo); Alzira, Torrent; Lliria; Gandia; Vinaròs... Y por supuesto para la remodelación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en València cuya reforma arrancó el pasado mes de septiembre.