El interventor del Ayuntamiento de Benidorm acusa una "actitud administrativa de rechazo a cualquier tipo de actividad de control"

Benidorm

La aprobación de la Cuenta General del año 2021 en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benidorm de este miércoles ha traído consigo un informe del interventor municipal que ejerció el cargo hasta su jubilación en agosto y del que ocupa ahora el cargo que alerta de numerosas irregularidades en la gestión económica del consistorio.

Un informe que no se abordó en la sesión plenaria, pero que ha salido a la luz apuntando a la "inexistencia de un departamento específico de control financiero, unido a la generalizada actitud administrativa de rechazo a cualquier tipo de actividad de control, que siempre se ha ejercido con las más variadas cortapisas". En resumen, entiende la intervención que "no existen ni los medios personales ni una mínima cultura administrativa" para fiscalizar cuestiones como contratos menores, nóminas u otros pagos a funcionarios.

FCC y la prórroga del contrato de basuras

Uno de los capítulos más gruesos del documento se refiere a la prórroga y el precio del contrato de la recogida de basuras y limpieza que mantiene Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) caducado desde hace casi cinco años. Esto hace que la empresa factura por servicios prestados sin el tope del contrato que un día estuvo en vigor, lo que llevo al pleno a aprobar a finales de 2019 "la obligación de FCC de continuar prestando el servicio hasta la licitación de un nuevo contrato, aceptando el precio anual propuesto por la empresa de 11.065.238,77 euros". En definitiva, casi 1.800.000 euros de gasto municipal por el mismo servicio en un solo año.

Este es uno de los principales puntos en los que hace hincapié la oposición. El portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, se ha referido a la sentencia de FCC que recoge el documento y "donde hemos pagado 7.7 millones de una forma extraña”. Además, el portavoz liberal ha recordado que “las prórrogas continuas de forma irregular realizadas por el Ayuntamiento de Benidorm se mantienen a día de hoy” y ha puesto, como ejemplo, “la explotación del parking de l’Aigüera en manos de FCC”.

En definitiva, ha concluido el edil, “mucho que investigar y por ello el PP debe iniciar acciones de todo tipo, tanto a la Fiscalía, a Antifraude o al Tribunal de Cuentas… porque son asuntos muy turbios y de mucho calado”.

De nuevo Enrique Ortiz

En otro apartado de considerable tamaño, este informe recoge que el ayuntamiento abonó a Incobe, una de las empresas del empresario alicantino Enrique Ortiz 4.341.270, 71 euros por encima de la cantidad inicial por la expropiación del terreno de El Moralet, donde el gobierno local ejecuta con los fondos Edusi ese 'litoral verde' que ha señalado como uno de sus principales hitos.

Según el interventor, esos 4,3 millones de euros que se abonaron de más vienen por el error provocado por la propia empresa de Ortiz y sostiene que se debería haber encargardo un informe jurídico externo para analizar si la defensa del expediente "fue la adecuada".

Además, el interventor señala que se abonó a la empresa Incobe de manera duplicada la cantidad de 155.867,58 euros en concepto de costas y "a fecha de hoy no consta que se haya iniciado ningún procedimiento judicial para el retorno a las arcas municipales de dicha cantidad, por lo que entiende que se debe dar traslado al Tribunal de Cuentas a los efectos procedentes".

"Hay que depurar responsabilidades"

Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz Cristina Escoda ha destacado que es un informe “demoledor” en el que la Intervención municipal plasma numerosas y graves irregularidades que ponen de manifiesto la “desastrosa” gestión bajo el mandato del PP y que sin duda alguna debe conocer la ciudadanía.

Escoda ha criticado que la edil de Hacienda se refiriese a este informe como un documento que contiene “discrepancias de un técnico sobre el trabajo que realizan otros técnicos, cuando se habla de numerosas ilegalidades en expedientes de Recursos Humanos y Contratación”. La concejal insiste. “Queremos saber qué va a hacer el gobierno, si lo va a dejar en un cajón o va a poner en marcha acciones para depurar responsabilidades”.