Fiscalía mantiene ocho años de cárcel para Rodríguez y advierte: 'Hubo pacto político y quebranto a las arcas'

València

La Fiscalía Anticorrupción mantiene la pena de ocho años de prisión para el expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y ha advertido: "Con los contratos de alta dirección en Divalterra en 2015 y 2018 hubo un pacto político para colocar a determinados miembros de un partido u otro y, además, quebranto a las arcas públicas". "Aquí se construyó una ficción legal para posibilitar contrataciones".

Así se ha pronunciado el fiscal encargado de este procedimiento, Pablo Ponce, durante la exposición de conclusiones --que se ha prolongado durante dos horas y media-- en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia desde el 19 de septiembre contra 14 acusados en este causa por contratos presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra para favorecer al PSPV y a Compromís.

El resto de acusaciones populares, la que representa a Acción Cívica y al PP, también han mantenido sus escritos y se han adherido a las peticiones del fiscal. Las defensas, por su parte, han solicitado la absolución para los representados y la condena en costas a las acusaciones populares.

De esta forma, Fiscalía requiere ocho años de prisión para Rodríguez, así como para el que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV) por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación.

El fiscal, que ha defendido la actuación de jueces y policías en este procedimiento pese a las críticas de las defensas, ha cuestionado ante el tribunal los contratos de alta dirección efectuados en Divalterra: "Se hicieron al margen de la legalidad".

Al respecto, ha explicado que estos contratos no estaban justificados, motivados ni destinados a un concreto trabajo, al tiempo que ha señalado: "Estos contratos constituyen una argucia legal para saltarse la normativa y colocar a determinados miembros de un partido político u otro".

En esta línea, el fiscal ha detallado que los contratos de alta dirección en 2015 y 2018 en Divalterra tienen como "única" cualificación, mérito y capacidad "su adscripción a un determinado partido o su afinidad al partido o a las personas que están dentro del mismo", ha apostillado. Y ha añadido: "Un pacto político no es causa de motivación para una contratación pública".

"Clientelismo político conocido"

Ponce ha recordado que la antigua Imelsa "ya venía de un clientelismo político que era perfectamente conocido. Veníamos de un partidismo, de un enchufismo político", por lo que, ha añadido, "no sirve como argumento que estábamos en una situación de excepcionalidad para realizar lo que se hizo --el nombramiento de los contratos de alta dirección--".

"Se hicieron estos contratos cuando sabían que estas personas no iban a realizar actos, negocios o tratos relacionados con su contrato", ha expuesto el fiscal, que ha aseverado que los mismos tampoco estaban regulados por los estatutos de Divalterra ni tampoco pasaron por el Consejo de Administración porque "sabían de la opinión del letrado en ese momento, el secretario del Consejo, y sabían que hubiera reparado los nombramientos por su ilegalidad".

En esta línea, ha indicado que no hubo ningún expediente de contratación ni convocatoria pública de estos cargos: "Lo único que hemos encontrado es un documento donde aparecen los nombres y el partido político al que correspondían", ha subrayado.

El fiscal, que ha desvinculado al exresponsable de los servicios jurídicos en Divalterra José Luis Vera del diseño de los contratos, ha resaltado el conocimiento de Rodríguez sobre la ilegalidad de los mismos. Y ha justificado esta afirmación en el número de correos electrónicos que recibió en los que se le advertía de que estos contratos debían cesar.

"No era un charcutero"

Al respecto, Ponce se ha referido a correos que le envió el entonces gerente Víctor Sahuquillo en los que también le adjuntaba diferentes informes que cuestionaban los contratos. "Le escribía que los contratos no se sostenían y le pedía sentarse a hablar. Y no le hizo caso, cuando quien se lo decía era el gerente de la empresa, que no era un charcutero. Éste le advirtió sobre una posible prevaricación y nada", ha advertido.

"Los correos --ha añadido-- evidencian que Rodríguez era la persona que designaba a los contratados y también los despedía, y que Presidencia decidía. Además, en varios WhattsApp queda patente que la creación de áreas en Divalterra era exclusivamente para colocar a las personas del partido, de Compromís y del PSPV".

El fiscal, que ha advertido de que se ocultaron todos los informes jurídicos a los miembros del Consejo de Administración --prevaricación--, ha indicado que la entonces gerente Agustina Brines también tenía conocimiento de la ilegalidad de los contratos y los permitió. Por su parte, ha aseverado que tanto Gallego como Reguart dirigían "en comandita" el ente y participaron en la regularización de los contratos. Así mismo, ha destacado el papel de Cuerda en este entramado.