Aspirantes a una plaza de Policía Local en el turno de movilidad piden la ejecución de sentencia al Ayuntamiento de Alicante

Al menos dos autos judiciales instan al Ayuntamiento de Alicante a la ejecución forzosa de las sentencias sobre las oposiciones al turno de movilidad de Policía Local para plazas acumuladas desde 2017 a 2021. Son seis las resoluciones a favor de los aspirantes que cayeron en el reconocimiento médico, test psicotécnico o baremación de méritos y que recurrieron al juzgado de lo contencioso administrativo. Los afectados lo hicieron después de que la junta de Gobierno Local desestimara los recursos de alzada que presentaron ante el tribunal de selección de aspirantes.

Estos dos casos son relativos a los reconocimientos médicos. Los juzgados establecieron que en las pruebas practicadas a los aspirantes hubo "errores por parte del centro médico acreditado" en las bases de la oposición. Los fallos dictaminaron que los demandantes debían ser "incluidos en la lista de aspirantes 'apto' en el ejercicio segundo (reconocimiento médico) en igualdad de condiciones de los aspirantes que lo han superado" y al Ayuntamiento le instaba a "retrotraer" las actuaciones a ese momento.

Ahora, según ha podido saber Radio Alicante, dos de los demandantes han exigido la ejecución de la sentencia y así consta en sendos autos contra los que no cabe recurso. Uno con fecha 6 de octubre del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante y el otro, con fecha del 10 de noviembre, del juzgado de lo contencioso administrativo número 4. Ambas de este año.

Por su parte, el Ayuntamiento, ha pedido al juez la aclaración de sentencia sobre todas las resoluciones dictadas y que dan la razón a los aspirantes que a estas oposiciones y que denunciaron. Así lo ha indicado en Hoy por Hoy Alicante el edil de Seguridad, José Ramón González.

Ante la confusión jurídica generada el consistorio, González ha indicado que antes de actuar se ha solicitado a la justicia que aclare cómo debe aplicar correctamente las sentencias para que no se genere un "conflicto" de intereses entre quienes han recurrido y quienes ya ostentan la plaza.

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