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Novelda presentará recurso de casación contra la sentencia del TSJ que da la razón a la mercantil concesionaria en el contencioso sobre el CSAD

El tribunal considera que debe pagar casi cinco millones de euros

Piscina CSAD Novelda / Ayuntamiento Novelda

Elda

El Ayuntamiento de Novelda presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que estima parcialmente el recurso presentado por ABANCA y condena al consistorio noveldense a pagar 4.800.000 euros a la entidad financiera que concedió el préstamo a la mercantil CSAD para la construcción de las instalaciones del Centro Deportivo Salud Agua de Novelda, unas instalaciones que cerraron sus puertas en 2010, apenas dos años después de su inauguración.

El concejal de Hacienda, Iván Ñíguez, ha calificado de “nefasta para los intereses de Novelda” la sentencia de TSJCV que estima parcialmente el recurso planteado por ABANCA contra el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Alicante que, en junio de 2021, fallaba a favor del consistorio noveldense al declarar la inadmisibilidad del recurso presentado por la firma bancaria coruñesa contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Novelda que en 2018, además de aprobar la liquidación del contrato con la mercantil CSAD Novelda S.L., consideraba que tampoco procedía indemnización alguna a favor de la misma, al estimar que el Ayuntamiento era ajeno a la relación existente entre la entidad financiera y la empresa concesionaria.

Tras informar de la situación a los miembros de la Junta de Portavoces, que se han mostrado unánimes en recurrir el fallo judicial ante el Tribunal Supremo, el responsable de Hacienda ha señalado que la sentencia “contiene errores materiales y da como hechos probados cuestiones que no han ocurrido”.

Para el concejal de Hacienda la única participación de la entidad financiera en este asunto fue “poner el dinero para construir este centro deportivo y elegir mal a su cliente”, por lo que sigue defendiendo que los “ciudadanos de Novelda no tienen por qué pagar los desmanes que se producían durante el boom de la burbuja inmobiliaria, cuando los bancos prestaban dinero a aquellos que no debían”.

La solicitud de revisión de la sentencia y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo es un paso más en un largo proceso de resolución de un conflicto que se inició en 2010 cuando el Centro de Salud Agua Deportivo de Novelda (CSAD) cerró sus puertas apenas dos años después de su inauguración debido a su baja rentabilidad.

Sería en 2008 cuando la concesionaria abriría las instalaciones interiores del recinto y, apenas dos años después, decide su cierre por falta de rentabilidad, al no alcanzar el mínimo de 1.300 usuarios mensuales que, según se contemplaba en los pliegos, darían viabilidad al proyecto.

Tras el cierre de las instalaciones la mercantil CSAD entra en concurso de acreedores y, tras un largo periodo bajo tutela de un administrador concursal, en 2016 un juzgado de Valencia declara la conclusión del concurso de acreedores, por inexistencia de bienes y, por tanto, la extinción de la mercantil.

Durante los años de cierre las instalaciones fueron saqueadas y vandalizadas y el Ayuntamiento no pudo actuar sobre las mismas hasta que en 2018, tras dos años de gestiones, el inmueble del Centro Salud Agua Deportivo pasó a ser propiedad municipal tras la resolución del contrato de concesión, la incautación del aval de 234.000 euros depositado como garantía por la mercantil y la firma del acta de recepción del inmueble.

Es precisamente contra el acuerdo de resolución del contrato adoptado en pleno contra lo que la entidad financiera acreedora Abanca presentó recurso por entender que es el Ayuntamiento, ahora titular de las instalaciones, el deudor del préstamo que en su día otorgó a la concesionaria de la construcción, gestión y explotación del centro deportivo, una máxima que negaba la defensa del consistorio al considerar que la mercantil acreedora lo era sobre la concesión, no sobre el inmueble y que, además, no es parte del contrato de concesión.

A pesar de este revés judicial, el gobierno municipal se propone seguir trabajando en la reapertura, al menos, de las pistas exteriores del complejo deportivo.

 
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