La justicia da la razón a la Comissió Ciutat-Port sobre la evaluación ambiental de la ampliación del Puerto de València

València

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un Auto de fecha 5 de diciembre que, frente a los argumentos de la Abogacía del Estado, da la razón a la plataforma ciudadana y suspende cautelarmente la Resolución del Ministerio que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pudiese decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la macroampliación que la misma APV promueve.

La ComissióCiutat Port ha informado mediente un comunicado que "siempre cuestionó la legalidad del comportamiento abstencionista tanto del organismo estatal Puertos del Estado como del ministerio de Transición Ecológica al eludir ambos sus responsabilidades evitando pronunciarse sobre la cuestión clave de los perversos impactos en el medio ambiente y la salud que podría ocasionar la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia".

APV como "juez y parte"

Según el mismo comunicado, cuando el ministerio de Transición Ecológica, en marzo de 2021, dictó una Resolución que, 14 años después de la primera Declaración de Impacto Ambiental de 2007, pretendía modificar las responsabilidades de las diferentes autoridades para convertir a la APV en “juez y parte” en la evaluación de impactos ambientales de una ampliación cuestionada, la plataforma ciudadana ya recurrió en vía administrativa ante el propio Ministerio sin obtener respuesta, por lo que acudieron a los tribunales frente a una Resolución que siempre han calificado de “nula de pleno derecho” y dictada en fraude de ley.

Es en ese procedimiento judicial, iniciado ante la Audiencia Nacional pero derivado finalmente a la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde han obtenido su primera decisión judicial favorable por la que se establece: “Acordar la medida cautelar consistente en suspender la Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se declara la subsanación de resoluciones de evaluación de impacto ambiental de proyectos portuarios, en lo atinente al proyecto 20050031, de Ampliación del Puerto de Valencia”.

Fuentes de la Comissió destacan que “Esta suspensión judicial priva a la APV de la posibilidad de decidir por sí misma acerca de la necesidad o no de evaluación ambiental sobre una macroampliación que, de realizarse, pondría en peligro el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la existencia misma del lago de la Albufera”.

"Destroza la política hipócrita del ministerio"

Según la Comissió, “la primera consecuencia de la decisión judicial es que destroza la política hipócrita ejercida hasta el momento por el Ministerio de Transición Ecológica, en connivencia con el organismo público Puertos del Estado, que se ven ahora forzados a asumir sus obligaciones ambientales en lugar de derivar las responsabilidades en la APV”.

“Puertos del Estado deberá ahora requerir el proyecto de ampliación del puerto de Valencia que, supuestamente, fue aprobado en el consejo de administración de la APV el pasado 2 de diciembre, y decidir con una motivación adecuada si las modificaciones constructivas introducidas respecto de la propuesta inicial redactada quince años atrás y que obtuvo declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en 2007, deben someterse o no a nueva evaluación ambiental. Justo el escenario que las autoridades de Madrid querían evitar”, concluyen fuentes de la Comissió.

Aunque se trata de una medida cautelar que no prejuzga la sentencia final sobre el fondo del asunto, el TSJ de Madrid avanza que: “… valorados los diversos intereses en conflicto, la apariencia de buen derecho de la pretensión y la necesidad de asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, el Tribunal estima concurren circunstancias que justifican la adopción de la medida solicitada, habida cuenta de un fumus de inexistencia del procedimiento debido para llevar a cabo la modificación en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación del Puerto de Valencia”.

Unas consideraciones del tribunal que los portavoces de la ComissióCiutat-Port interpretan como un respaldo a sus argumentos y les lleva a mantener una razonable confianza en una decisión final que obligue a reconsiderar la macroampliación del puerto de Valencia por sus efectos perversos sobre el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de la población del área metropolitana.

“Creemos que el puerto de Valencia no necesita apostar por crecimientos arriesgados en tiempos de emergencia climática e incertidumbre económica, sino que puede optar por optimizar su gestión, racionalizando el uso del espacio actual infrautilizado y mejorando sus procesos de trabajo, implicando a las personas y empresas que trabajan en el mismo. Ello en lugar de forzar las leyes y gastar dinero público para favorecer a un único operador privado”, afirman miembros de la ComissióCiutat-Port. Al tiempo que recuerdan que “la macroampliación del Puerto de Valencia es cuestionada por más de un centenar de colectivos ciudadanos, además de organizaciones de estibadores y numerosos informes técnicos y jurídicos emitidos por diversos expertos”.

Ribó: "Da la razón a los que argumentamos que la APV no puede ser juez y parte"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "da la razón a los que argumentamos que la APV no puede ser juez y parte para evaluar" el impacto de la ampliación norte. Así lo ha indicado en un mensaje en sus redes sociales donde ha hecho referencia a la decisión del alto tribunal de Madrid, que a pesar de ser cautelar, según ha subrayado, da la razón a planteamientos como los que sostienen él mismo y su partido, Compromís.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) dio luz verde el pasado viernes al Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de València, dotado de una inversión público-privado de cerca de 1.564 millones de euros, con los votos en contra de Ribó y el secretario autonómico de Vicepresidencia de la Generalitat, Iván Castañón, ambos de Compromís.

Ahora, tras la decisión del TSJ de Madrid, Ribó ha recalcado que ya lo advirtieron en su día y mantendrán "el rechazo a un proyecto que no tiene garantías ambientales ni jurídicas". De hecho, el primer edil, en declaraciones tras el consejo el pasado viernes, justificó su rechazo a la actuación en, entre otras razones, la "incertidumbre" que genera "desde un punto de vista jurídico el hecho de que la APV sea juez y parte en cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental".

La consellera de Agricultura y Emergencia Climática, también de Compromis, Isaura Navarro, se felicita de esta decisión. Urge que se haga una nueva Declaración de Impacto Ambiental en la que el nuevo proyecto sea evaluado con la situación actual de emergencia climática.